No fueron pocos los cuestionamientos que desde distintos sectores sociales se le formularon desde el inicio de su ejercicio al saliente fiscal general de la Nación con respecto a la función jurisdiccional que ejercía, lo que no solo coadyuvó a agravar la situación de crítica sobre el sistema judicial al cual pertenece ese órgano, sino que actuaciones administrativas suyas realizadas con cierto desafío, propiciaron aires de deslegitimación en la institución investigadora. Infortunadamente para el Dr. Montealegre, que llegó a la Fiscalía arropado del gran prestigio que también da la H. Corte Constitucional, no podía ser ajeno a los acostumbrados escándalos que se suscitan por doquier y que aun desconciertan al país. 
Y es curioso que en este momento histórico sean precisamente protagonistas de sonados casos tres personajes que han sido miembros de aquella benemérita Corte, y tengan en plena expectativa al aparato judicial y al país. 
El doctor Rodrigo Escobar Gil, quien trasegó con honores por ese alto Tribunal, es otro de los que hoy está en el ojo del huracán por razón de un supuesto ofrecimiento de dineros a un colega suyo para la selección de un expediente de tutela (caso Fidupetrol) y que lo tiene en serios problemas con la justicia penal, y seguramente con el órgano que disciplina a los abogados, la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Ese defecto en la conducta que se le endilga, que hasta entonces estuvo dotada de una pulquérrima trayectoria, ojalá nunca llegue a despertar siquiera suspicacias sobre el oficio por él realizado como juez de la república, nada más y nada menos que igualmente como guardián de nuestra Constitución Política.
El tercero es otro protagonista de uno de los más sonados casos de corrupción en el país (mismo Fidupetrol), magistrado actual de la citada Suprema Corte, lo que la ha afectado en grado inconmensurable, funcionario que ahora se encuentra pendiente de lo que pueda acontecer en el Senado con respecto a su futuro profesional y personal.
La Fiscalía General de la Nación, creada con la Constitución de 1991, sustituyó los antiguos juzgados de instrucción criminal y se mantuvo en la Rama Judicial; posee un tren burocrático que supera los 22.000 empleados, que incluye voceros con asiento en el exterior. Después de la Presidencia de la República, si se quiere, es el órgano del Estado que ostenta mayor poder, no solo por su actividad, sino por aquel número de funcionarios de designación directa del Fiscal General.
Quizá por lo que venía ocurriendo en la Fiscalía, quiso el Gobierno Nacional (entiéndase el presidente) darle un marbete de meritocracia al sistema que le ofreció al país para la escogencia del próximo fiscal general. 
Pero hacer una convocatoria pública, como ocurre en varios órganos o entidades del Estado, para tratar de mostrar objetividad e igualdad en la selección, y a la postre resultar escogidos los que de antemano se presagian, es deslegitimar ese tipo de procesos que genera frustración en muchos de los competidores -y en la sociedad misma- que de muy buena fe se presentan a la competencia.
No cabe duda alguna de las excelsas cualidades, hojas de vida y competencia pública y privada de los tres candidatos postulados ante la H. Corte Suprema de Justicia, la encargada de la elección del fiscal general, quienes además de ser influyentes en los quehaceres del país y seguramente harán una espléndida tarea, coinciden en ser amigos del Gobierno nacional; dos de ellos concuerdan en haber sido ministros de Justicia, pero uno con más experiencia administrativa en altísimos cargos, y del que se pronostica saldrá avante en la aspiración. 
Por supuesto que haber escogido tres personas diferentes a las ternadas podía haberle implicado algún tipo de riesgo al Gobierno frente al proceso de paz que se adelanta en Cuba; pero así mismo, pudo haberse evitado esa innecesaria convocatoria que seguramente repercutió de manera adversa en quienes, en número superior a 100, tenían una próxima o remota esperanza en haber sido escogidos para el importantísimo cargo nacional.