He puesto a este artículo como tercera entrega, por tratarse del mismo espinoso tema que ya había expuesto en dos ocasiones en estas páginas (2012), relacionado con el diferendo Nicaragua-Colombia, pero ahora refiriéndome, no a la sentencia emitida entonces por el mismo Tribunal, sino a la para el Gobierno infausta decisión que acaba de emitir la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya (Holanda) al declarar su competencia (entiéndase jurisdicción) para conocer de una nueva demanda formulada por el vecino país contra el nuestro para otra delimitación de aguas marítimas (Plataforma Continental Extendida), la que fuera presentada antes de que venciera el año (1) que debía transcurrir para que a Colombia no se le aplicara el Pacto de Bogotá; y creo que lo mismo hubiera hecho nuestra república si el litigio hubiese sido al revés, y seguro que habría exigido respeto por las decisiones judiciales internacionales, pues ese ha sido y es el ejemplo que siempre ha dado a lo largo de su tradición democrática, y es lo que además se enseña por lo menos en las escuelas de Derecho, que se respeten esas reglas, lo que incluso se deriva del artículo 9° de la Constitución: “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.
Pues bien; con la providencia que acaba de proferir aquel órgano de justicia internacional no se resolvió el fondo de la controversia (delimitación de áreas), como ya se conoce con suficiencia, sino que decidió una cuestión incidental, tal como acontece todos los días, por supuesto guardadas las proporciones y solo con fines de ilustración, con muchísimas demandas que se presentan en nuestros despachos judiciales, decidir un determinado juez si tiene o no jurisdicción para conocer de ese determinado asunto. 
Lo que sí tiene qué preocupar es el mensaje que las autoridades administrativas le están dando a la colectividad nacional y a la comunidad internacional, como es el de desconocer "de facto" un Tribunal de Justicia -y por ende sus decisiones-, por haberse atribuido la competencia para decidir sobre las pretensiones nicaragüenses; y más preocupación parece generar el muy preocupante argumento de que se trata de una decisión precariamente mayoritaria (por un voto) lograda por un desempate decidido por el presidente del órgano judicial, pues eso también podría hacer suponer que las decisiones de las altas cortes o de los tribunales adoptadas por esa misma 'mínima mayoría' carecerían de justificación jurídica, también con fines de ilustración, como ha acontecido en innumerables casos decididos en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado, para citar solo dos.
Cuando los periodistas han formulado a voceros del Gobierno y líderes políticos la pregunta de si no es un mal precedente para el país desconocer decisiones judiciales, solo he escuchado respuestas evasivas. Y no puede dejarse tamaña decisión de acoger o no providencias internacionales en manos de apenas unas pocas personalidades y que constituye un mal presagio para las relaciones internacionales. Esa determinación la debería adoptar por lo menos el Congreso de la República como el vocero natural de la colectividad.
Trata uno de seguir los complejos acontecimientos que a diario se presentan en nuestra querida “locombia” como solía expresar un prestigioso columnista, y habrá cosas que nunca podrán comprenderse, y menos lo será la renuncia de un viceministro por una grabación hecha pública, frente al monumental lío que en estos momentos enfrenta nuestra Patria.
Lo que no ha debido suceder es que se haya politizado el asunto; y que los especialistas en la defensa del Estado sean los que expliquen técnicamente lo acontecido; y que se acepte las providencias provengan de donde provinieren como un Estado de Derecho que somos, aunque nos afecten, para ello están los recursos, y que de igual manera que con esas adversidades no se sigan ocultando las grandes dificultades que cada día escandalizan más al país.
No se ha perdido el litigio, eso solo se sabrá en la sentencia, y la excusa de permanencia por años de un diplomático nicaragüense en el país sede del Tribunal internacional no puede tampoco servir de justificación; por el contrario, que tal situación sirva para que nuestras instituciones se sacudan y no se improvise coyunturalmente en la designación de nuestros voceros diplomáticos. El Estado colombiano debe hacer presencia en todo el proceso que se tramita en La Haya, su ausencia no va a interrumpir o paralizar la actuación, lo que sí está demostrado es que en cualquier proceso resulta más fructífera la intervención que la omisión.