Está por verse si el Ministerio de Cultura se valdrá en un futuro de la Ley que impulsaron el senador Mauricio Lizcano y el exrepresentante Jairo Quintero, de La U, para que la Nación contribuya con la financiación del Carnaval de Riosucio. Hay que recordar que en un principio la Presidencia objetó el proyecto porque entendió el texto como una orden para apropiar recursos, algo que la Constitución prohíbe. Lizcano explicó que "es al Gobierno a quien le corresponde decidir si incluye en el proyecto de presupuesto el dinero correspondiente a la ley aprobada" (LA PATRIA 20/6/2014).

Es cierto, aunque genera una pregunta: ¿para qué tomarse el trabajo de tramitar una ley que supuestamente compromete a la Nación, si finalmente tal compromiso no existe?

En el sistema de información del programa Congreso Visible, de la Universidad de los Andes, que opera desde 1998, consta que congresistas de Caldas han promovido leyes como la de Riosucio, conocidas como de honores, celebraciones y monumentos, que han servido para muy poco.

La Ley 1338 de 2009, también autoría de Lizcano, autoriza a la Nación para asociarse a la celebración del bicentenario de Aguadas con dos obras: la rehabilitación de la vía hasta La Pintada y la construcción de la carretera Arma-La María. Al preguntarle a la alcaldesa Luz Idalba Duque si la norma ha servido para una u otra cosa, respondió: "esas son leyes sin presupuesto", y me remitió al Congreso.

Para Viterbo el senador conservador Luis Emilio Sierra tramitó la Ley 1545 de 2012, que autoriza al Gobierno a invertir en seis obras. El alcalde Félix Alan Gaspar me dijo el miércoles pasado que solo una está andando (la construcción del Coliseo). "Eso tiene más trabas que un chucho", ilustra, a pesar de que para todas ya estructuró los proyectos. Al preguntarle sobre el sentido de esas leyes para impulsar inversiones de la Nación en los pueblos, respondió: "es letra muerta". De hecho, una intervención en el hospital, contemplada en la norma, la asumieron la Alcaldía y la Gobernación, pues era urgente. La construcción de una urbanización, que también consta en el texto, corrió por cuenta del municipio. Quedan pendientes otras tres obras.

Para Neira está la Ley 1657 de 2013. Asocia a la Nación a la celebración de los 170 años del municipio y autoriza al Gobierno a invertir en cinco obras. Sus autores: el representante Hernán Penagos y el exsenador Jaime Alonso Zuluaga, de La U. En diciembre pasado consulté a la alcaldesa Cristina Otálvaro y respondió que las inversiones "dependen de la presentación de proyectos en el ministerio correspondiente". En ese momento había radicado uno para la reconstrucción de una escuela, y estaba en revisión otro para adecuar el hospital. No había comenzado a gestionar los demás.

Aranzazu fue beneficiado con la Ley 865 de 2003, autoría del conservador Ómar Yepes, para que el Gobierno nacional se vinculara a la celebración de los 150 años de fundación efectuando las "apropiaciones presupuestales necesarias". Después de buscar poco más de dos días ante mi consulta, el alcalde Gabriel Zuluaga respondió ayer al mediodía que su equipo de trabajo no había hallado inversiones en esa época relacionadas con la norma.

En trámite están cuatro proyectos de ley similares, relativos a municipios de Caldas, de acuerdo con Congreso Visible. Penagos es autor de tres: uno para Salamina, con motivo de la celebración de los 190 años, prevé cinco obras; otro para Belalcázar, que vincula a la Nación con la restauración del Cristo Rey; y otro para Manzanares, por los 150 años, que estipula tres obras en las que el Gobierno nacional debería poner plata.

El cuarto lo redactó un senador costeño, Miguel Amín, de La U, para que la Nación se vincule con "la celebración de los 90 años del natalicio y cinco años del fallecimiento" de Víctor Renán Barco. La iniciativa la impulsa con toda gana el representante liberal pacoreño Mario Castaño y compromete al Gobierno con cuatro obras para La Dorada, además de un óleo y un monumento con la efigie del senador.

Los alcaldes afirman que las obras consignadas en esas leyes deben gestionarlas como cualquiera otra que no sea prometida en una norma y para la que requieran ayuda de la Nación. Es decir: deben contar con congresistas amigos, contactos de alto nivel y mucha paciencia. Es entendible que los ministerios no aflojen plata tan fácil, si presumimos que algo de planeación mantienen. ¿Por qué, entonces, tramitar estas leyes, que nacen moribundas, sino muertas? Supone uno que así nuestros honorables ganarán cándidos votantes. Harán más que eso en el Congreso, pero no sobra recordarles: legislar es serio, señores.