Al cierre de esta agitada e intensa legislatura, el Congreso de la República dio vía libre al proyecto de ley que ampara el derecho a prima de las trabajadoras domésticas, el cual empieza a regir luego del trámite de sanción presidencial. 
Es urgente y justo que esta ley llegue a beneficiar a más de 710 mil trabajadores del servicio doméstico, de los cuales el 95% son mujeres, entre 41 y 60 años, quienes principalmente realizan labores de economía del cuidado, es decir, se dedican a la atención de los hogares, el cuidado de niños, ancianos y enfermos, entre otros. Trabajo que se realiza en muchas ocasiones en condiciones de esclavitud y subvaloración por parte de muchas familias en Colombia.
La Ley de prima consta de cinco artículos que reconocen el acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de servicios para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, e incluye una modificación al Artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo en los siguientes términos: “Artículo 306. De la prima de servicios a favor de todo empleado. El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo laborado. Parágrafo. Se incluyen en esta prestación económica a los trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicios familiar, trabajadores por días, o trabajadores de fincas y en general, a los trabajadores contemplados en el Título III del presente Código o a quienes cumplan con las condiciones de empleado dependiente”. 
De acuerdo a la Sentencia C-871 de 2014 de la Corte Constitucional, se consideran trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico a “quienes a cambio de una remuneración prestan su servicio personal de manera directa, habitual y bajo continuada subordinación o dependencia, a una o varias personas naturales, para la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás labores propias del hogar del empleador. Pueden ser trabajadores internos, externos o por días”.
Cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE), indican que el valor agregado del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado asciende a 138,3 billones de pesos que, en caso de contabilizarse, representaría el 20,8% del Producto Interno Bruto (PIB). El sector de trabajo doméstico remunerado genera el 3,5% de los puestos de trabajo, es decir, que el reconocimiento de la prima es consistente con el aporte de este sector a la generación de ingresos del país y a la dinamización de la economía.
Cumplir con esta obligación y reconocer este derecho no es complicado. Si tomamos en cuenta el salario mínimo de este año 2016, $689.454, un empleador o empleadora debería ahorrar $1.888 pesos diariamente durante todo el año a fin de realizar el pago. La prima de servicios con base en este salario, significaría reconocer un pago de $344.727 a mitad de año y otro pago similar a final de año, tal y como sucede con los demás trabajadores y empleados de otros sectores. Si el tiempo de servicio es menor, la cuantía será proporcional al tiempo laborado. El Ministerio de Trabajo a su vez tendrá responsabilidad en hacer pedagogía sobre la ley y deberá fortalecer las inspecciones de trabajo, para que esta ley pase del escritorio de los funcionarios a los territorios donde cotidianamente trabajan cientos de mujeres en nuestras casas.
Esta ley que lideramos con congresistas de la Alianza Verde y que contó con el apoyo de todos los partidos fue posible por el empeño y trabajo de las mujeres de la Unión de Trabajadoras Afrodescendientes del Servicio Doméstico -UTRASD-, la Escuela Nacional Sindical, la Fundación Bien Humano, la Mesa de Economía del Cuidado y Fescol, entre otras. 
Con leyes como éstas hacemos realidad lo que tantas veces hemos reiterado: la justicia laboral empieza por casa.