La Red Colombiana de Lugares de Memoria en nuestro país se conformó en noviembre del año 2015 en un lugar emblemático, Trujillo, Valle del Cauca, donde entre el período de 1986-1994, se ejerció una práctica  sistemática de eliminación de vidas humanas, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos,  en tres municipios del departamento, Trujillo, Riofrío y Bolívar, donde cerca de 300 familias sufrieron de manera macabra el impacto de la guerra en la cual tuvieron participación agentes directos del Estado, en complicidad con paramilitares y narcotraficantes quienes “se tomaron la vida cotidiana de estos municipios para hacer alarde de las formas más refinadas y repugnantes de aniquilamiento de la vida humana , mediante operaciones de “limpieza social “  y de abierta persecución política.
Los lugares de Memoria están conformados hoy por 20 iniciativas, como museos, parques, centros de reconciliación y memoria a lo largo y ancho del país, quienes los integran buscan a través de la práctica de la memoria convertirse en un ejercicio colectivo y creativo de resistencia que vincule el doloroso pasado, el presente y el futuro en una combinación de tiempos y espacios que permitan codividir el  dolor, resignificar los lugares  de muerte, torturas, desapariciones  y abrir una oportunidad a un futuro en paz y reconciliación. Los procesos de memoria son trabajados en la red como catalizadores individuales y colectivos , como espejos para mirar  y experimentar el horror vivido, señalar responsables, pero al mismo tiempo permitir el florecimiento de  memorias más democráticas y plurales, más propias de los procesos de paz negociados que las memorias oficiales  de vencedores y vencidos.
Lugares de memoria como campos de tensión de poderes, de lucha por fijar la verdad sobre los motivos, interpretaciones, comprensiones del origen del conflicto armado y sus impactos  diferenciales sobre los más de 8 millones de víctimas. Lugares de memoria como símbolos orientados a transformar el odio y la venganza para no repetir el  aniquilamiento y muerte, sino para construir un nuevo pacto entre verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición y sentar las bases de una paz estable y duradera.  
 Durante la reciente  audiencia realizada en el Congreso de la República  “El Deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos”, convocada por los congresistas  Alirio Uribe,  Iván Cepeda, Harry González y por mí, con el apoyo y la coordinación de Fescol, el Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda y la Red Colombiana de lugares de memoria, diferentes expertos, académicos, funcionarios y víctimas  dejaron claro que  el compromiso de memoria del Estado debe  orientarse a garantizar la verdad histórica de la sociedad, en particular la  de aquellas poblaciones  que han sido vulneradas en mayor medida en cuanto a sus derechos,  oportunidades y condiciones de vida  ; que  la memoria es un proceso vivo que se ancla en los territorios y se expresa a través de las múltiples voces de las víctimas para impedir  la impunidad,  y el predominio de narrativas hegemónicas propias de los poderosos  victimarios, quienes pretender imponer el olvido; que la memoria es un sentir histórico, cultural, político y que tiene un efecto sanador cuando la verdad sobre la muerte, la tortura, el descuartizamiento, el secuestro sale a la luz pública y permite recuperar el carácter político del conflicto armado en Colombia; que la memoria será clave en el proceso de postacuerdo  y servirá también para sentar los precedentes históricos que las generaciones presentes y futuras necesitan para construir un relato común enriquecido con nuestra interculturalidad.
Para preservar estos lugares de la memoria, quienes concurrieron a esta  audiencia exigen el diseño participativo de políticas públicas para que estos lugares puedan ser preservados como lugares vivos y dignos que nos permitan un Nunca Más frente a tanta ignominia y dolor.
La mayoría de estos lugares no cuentan con financiación estatal y, sin ella, sus promotores creen que están condenados a desaparecer. Según los voceros de la red, esto contrasta con experiencias latinoamericanas en las que el Estado asume su deber de garantizar a la sociedad su derecho a la memoria en condiciones de autonomía y democracia. Los procesos de memoria democrática y polifónica serán fundamentales para la paz territorial en Colombia.