Colombia atraviesa por uno de los momentos históricos más importantes de los últimos tiempos: lograr una salida política al conflicto armado que nos azota con más de doscientos mil muertes y cerca de ocho millones de víctimas. Sin embargo, es alarmante que este hecho ha activado el asesinato, las amenazas, el hostigamiento y los ataques a líderes sociales en todo el país, tal como lo denunciamos la semana pasada en la audiencia pública ¡No más crímenes contra la paz!, realizada con mis colegas congresistas, Alirio Uribe, Iván Cepeda, Víctor Correa, Inti Asprilla, John Jairo Cárdenas y Alberto Castilla.

Mientras organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Marcha Patriótica, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y el Programa Somos Defensores, la Comisión Interclesial Justicia y Paz, entre otras, han denunciado que en lo corrido del año han sido asesinados 75 líderes sociales; Naciones Unidas registró 59 homicidios y 35 atentados en lo corrido de este 2016. Lamentablemente trece homicidios de líderes sociales ocurrieron luego de la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena, es decir, después del 26 de septiembre.

Mientras avanzan los detalles de la implementación, diferentes fuentes denuncian un aumento alarmante del paramilitarismo en todo el país, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo señala que en 27 de los 32 departamentos hay presencia paramilitar. De igual manera, movimientos sociales como Marcha Patriótica reportan que este año han sido asesinados 18 de sus militantes, mientras otros 25 han recibido atentados; la organización Congreso de los Pueblos, registra 9 homicidios y 2 atentados. La organización sindical sufre estos mismos hechos con 13 homicidios, 11 atentados y 92 amenazas en este 2016, de acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En informe presentado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que recoge información de otras organizaciones defensoras de derechos humanos, solo en noviembre de este año, luego de la firma en Bogotá del denominado nuevo acuerdo de paz, se ha acabado con la vida de las siguientes personas, hecho que resulta además de doloroso, inadmisible para el país:

José Abdón Collazos (Diciembre 3), integrante de Mesa de Víctimas en Sotará, Cauca, asesinado en la vereda San Isidro de este municipio.

Diomedes Perdomo (30 de Noviembre), autoridad indígena de 70 años, asesinado en el territorio del Resguardo Nasa Wes'x en el sur del Tolima.

Marly Yuliet Gómez y Shirley Dayana Lozada Ramírez (29 de noviembre), indígenas de la comunidad Puracé, Pueblo Kokonuko, ambas de 23 años provenientes de La Plata, Huila.

Fraidán Cortés (23 de Noviembre) asesinado en el departamento Del Valle del Cauca, Distrito de Buenaventura, corregimiento Bajo Calima, perteneciente al Movimiento Marcha Patriótica.

Rodrigo Cabrera Cabrera (19 de Noviembre), líder del movimiento Marcha Patriótica, asesinado en el corregimiento Altamira en el Departamento de Nariño.

Erley Monroy (19 de Noviembre) dirigente de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada - Guayabero, ASCAL-G.

Didier Losada Barreto (18 de noviembre) líder dela Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá, Coordosac.

José Antonio Velasco Taquinas (15 de Noviembre), defensor de derechos humanos integrante de la Asociación de Trabajadores Pro Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto, Astrazonacal, filial de Fensuagro-CUT y ANZORC, integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Pupsoc, y de Marcha Patriótica Cauca, en Caloto.

Jhon Jairo Rodríguez Torres (01 de noviembre) integrante de la Junta de Acción Comunal del corregimiento el Palo, de la Asociación de Trabajadores Pro Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto, Astrazonacal, en Caloto - Cauca.

Diez líderes y lideresas en tan solo un mes, luego de que se firman los acuerdos de paz, resulta alarmante y con más razón si la institucionalidad, como la Fiscalía General de la Nación refiere que no hay indicios de que estos asesinatos tengan móviles políticos y estén relacionados con el exterminio de liderazgos locales que defienden la paz y su implementación. Argumentos como estos fueron esgrimidos de cara al genocidio de la Unión Patriótica hace 30 años y aún no se hace justicia.

Diferentes fuentes denuncian un aumento alarmante del paramilitarismo en todo el país.

Colombia está llamada a escribir una nueva historia. Todos tenemos que estar atentos para que no se repita la historia del exterminio de la UP ¡Que la paz no nos cueste la vida!