El país tiene la gran oportunidad de terminar un conflicto armado que lleva más de 50 años. Esto significa una coyuntura histórica que implica cambios en la sociedad y en las instituciones que se han dedicado a la guerra. En ese sentido, uno de los temas de discusión obligatoria será el gasto público destinado al sector de la seguridad. De acuerdo con el investigador Francisco Leal, el gasto militar en 1994 representaba el 2,8% del PIB, y alcanzó el 5,2% en 2009. Según los cálculos, eso correspondía a $24 billones en 2013, lo cual posiciona a Colombia como el país que destina más dinero al sector militar como porcentaje del PIB. En el actual Plan de Desarrollo Paz, Equidad y Educación la tendencia creciente de dicho gasto, se mantiene.

Al finalizar el 2010, se calculaba que había 426.014 efectivos de las Fuerzas Armadas: 267.629 de las Fuerzas Militares y 158.385 de la Policía Nacional, que en términos comparados las ubica como las más grandes de la región, después de Brasil. En la mayoría de los procesos de paz del mundo y América Latina, con la finalización de los conflictos armados se han realizado una serie de reformas al sector de la Seguridad y la Defensa, entre ellas, la reducción del tamaño de las Fuerzas Militares, pues la continuidad del aumento del gasto hacia el sector no es fiscalmente sostenible para el Estado, por lo cual deben considerarse cambios en los mecanismos de reclutamiento de sus miembros, entre los cuales está la supresión del servicio militar obligatorio.

Con la firma del acuerdo de paz, la agenda de seguridad del país cambiaría, abriendo la posibilidad de superar la visión misional de las Fuerzas Militares, y la posterior resignificación de sus funciones. Como primera medida, será necesario modificar el paradigma de la Doctrina de Seguridad, que ha naturalizado la idea de perseguir permanentemente al "enemigo interno". Esto implicará realizar cambios en el proceso de formación y educación de los miembros del Ejército y de la Policía, fortaleciendo un sistema con mayor énfasis en la profesionalización y el fortalecimiento de los valores democráticos, así como en la formación en Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

También será fundamental el diseño de una justicia transicional para las Fuerzas Militares, encargada de procesar las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario perpetradas con ocasión del conflicto armado, judicializando a los responsables de estos hechos, en particular aquellos casos como las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas "falsos positivos", violencia sexual contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas. Porque sin este proceso sería imposible hablar de verdaderas garantías de justicia y reparación a las víctimas.

En el posconflicto también habrá que readecuar los roles y las estructuras institucionales que han servido de soporte para el Ejército y la Policía. Como lo han hecho otros países, se podrán separar estas dos instituciones, dado que su finalidad misional es distinta. El Ejército debe concentrarse en la defensa nacional y la integridad de nuestro territorio, mientras la Policía debe enfocarse en la seguridad ciudadana, lo cual hoy en día presenta grandes desafíos. Por ello sería importante iniciar un proceso de desmilitarización de la Policía: fortalecer su carácter como cuerpo civil moderno, adelantar tareas de prevención de la violencia y asumir los retos propios del nuevo escenario. Para tal fin, varios expertos han sugerido crear una nueva entidad como el Ministerio de Seguridad Ciudadana, o incluso han sugerido suscribirla al Ministerio del Interior, con la finalidad de redefinir sus funciones sin interferencias de los sectores castrenses.

En el escenario del posconflicto, se requiere abrir este debate a la sociedad civil, la cooperación internacional y la academia, vinculando a los sectores progresistas de las Fuerzas Militares para aprender de los éxitos y los fracasos de otros procesos de finalización de conflictos armados, como los experimentados en El Salvador y Guatemala

Y, con base en eso, la transformación del sector de la seguridad y la defensa podría ser gradual; de cara a una nueva realidad trazada por los retos de la efectividad del proceso de dejación de armas, reincorporación de los insurgentes y la construcción de nuevas esperanzas. Este sería el mejor camino para el mantenimiento y la construcción de una paz duradera, con justicia social.