La historia de la ampliación del fuero penal militar es trágica y vergonzante. Primero quisieron ampliarlo en la fallida Reforma a la Justicia; luego pasaron un proyecto para reformar la Constitución a su acomodo, que afortunadamente tumbamos en la Corte Constitucional junto a otros congresistas como Germán Navas, Iván Cepeda, Guillermo Rivera y la Comisión Colombiana de Juristas; después tramitaron la Ley Estatutaria, que se cayó junto a su Reforma Constitucional; y por último, ahora aparece la reforma a la jurisdicción penal militar en Colombia, que es solo un eufemismo para reformar el fuero penal militar a través de una Ley Ordinaria, y pasar así por encima de la Constitución y de los convenios internacionales que ha suscrito Colombia.

Como lo he dicho en diferentes ocasiones, y así lo reiteré en la audiencia pública del pasado 28 de agosto en el Congreso, tal parece que los "reformistas" del fuero militar no han querido entender que los proyectos encaminados a legalizar la impunidad, los falsos positivos, la violencia sexual contra las mujeres y en la violación de los derechos humanos no le convienen a este país, ni a las Fuerzas Armadas, ni van a contar con el respaldo de la Corte Constitucional. Hay que repetirle al señor ministro de Defensa y a su cúpula militar que no es por odio a la Fuerza Pública que queremos evitar que se amplíe el fuero penal militar; es porque permitirlo es un asunto inconstitucional. Y antiético, por supuesto.

El nuevo proyecto, llamado "Reforma a la Justicia Penal Militar", fue presentado en el Congreso de la República a pocas semanas de que la Corte Constitucional aceptara nuestra demanda a la fallida reforma del fuero militar. El ministro de Defensa radicó este nuevo proyecto de ley quitando las palabras "fuero penal militar" para no tener que tocar la Constitución y padecer el trámite de un acto legislativo. Por tanto, lo están tramitando como un proyecto de ley ordinaria, un eufemismo más para evitar su debido debate.

Este proyecto es aún más nocivo que el Acto Legislativo 02 de 2012, porque es más arriesgado, violatorio y desafiante de la Constitución. Demuestra el desconocimiento de la Carta Magna o el desinterés por cumplirla, que es más grave. Este proyecto de ley: 1) viola el principio rector de toda democracia y el Estado de Derecho, que es la independencia de poderes, y a su vez vulnera principios constitucionales y tratados internacionales, como el principio de igualdad, 2) no se garantizan los derechos humanos, y 3) es un obstáculo para la paz.

Puedo parecer reiterativa, pues lo aquí dicho lo he sostenido en diferentes espacios, pero el ministro de Defensa ha argumentado en varias ocasiones que cumplir con el Derecho Internacional Humanitario desmoraliza a las tropas y afecta su honor, un razonamiento profundamente atajista e impresentable, que además nunca ha sido comprobado. De hecho, el estricto cumplimiento de las reglas internacionales y nacionales por parte de la Fuerza Pública es la mejor defensa jurídica y legal para los mismos militares. Entre otras cosas, porque autoinvestigarse por sus propios delitos no es garantía de transparencia e independencia en los procesos.

De nuevo, la única alternativa que nos queda es la presión social y política para que se hunda este engendro legislativo. Una propuesta que garantiza impunidad, afecta la democracia y debilita la justicia no es una ley para la paz. Es una propuesta que no pone en el centro de la discusión a las víctimas.

Un gesto de paz del Gobierno Nacional y del propio presidente Santos sería retirar inmediatamente este proyecto de ley, para luego enfilar baterías a favor de una reforma a la justicia que beneficie a los ciudadanos de a pie, que son la mayoría de los colombianos y colombianas, y proponer una justicia transicional que nos permita transitar de la guerra a la paz con justicia social.