En su último libro, Colombia Compleja, el profesor Julio Carrizosa nos recuerda cómo en aproximadamente ciento cincuenta años, los invasores europeos ocuparon la parte más poblada del territorio que hoy es Colombia "la llanura del Caribe, las cordilleras y sus principales caminos, poblados, áreas agrícolas y mineras" y cómo los más de cien grupos indígenas que sumaban alrededor de tres millones, fueron casi exterminados en seis expediciones que reunían menos de tres mil soldados. "Lo que sucedió en los años siguientes -continúa el profesor Carrizosa- cuando desaparecieron los "innumerables indios" y se agotaron los depósitos de objetos de oro, fue inimaginable".

Pues bien, esta tragedia para nuestros pueblos indígenas no termina, hoy según cifras del DANE, de 1.392.623 indígenas que habitan en Colombia, cerca del 46% son niñas, niños y adolescentes quienes pertenecen a más de 90 pueblos. Y si bien muchos de estos niños viven en los lugares más bellos y diversos de este territorio y si bien aprenden a caminar, a nadar, a recolectar frutos, a pescar a muy temprana edad y cuentan con más de 65 lenguas para expresar sus cosmovisiones, para más adelante transmitir sus saberes ancestrales, la gran amenaza de exterminio sobre ellos continúa.

Ha sido en especial la Corte Constitucional a través de la sentencia T-025 de 2004 en la cual se ordena al Estado colombiano, superar el estado inconstitucional de cosas en relación con la población desplazada, incluyendo los pueblos indígenas, de manera prioritaria su niñez. A pesar de los múltiples autos que se han expedido posteriormente, en el mismo sentido, nada ha cambiado significativamente para los niños indígenas en Colombia.

Estos niños que miramos con admiración y asombro cuando hacen largas travesías, reman en un bote río arriba, cuidan de los chivos en sus rancherías, contribuyen a las granjas de pan coger, entre otras actividades, hoy enfrentan el riesgo de la extinción debido a la desidia de gobiernos nacionales y locales, quienes desde hace décadas siguen contando con indiferencia y desdén las innumerables muertes de miles de niñas y niños indígenas, como ocurría en los tiempos de la conquista. Las denuncias en los últimos años en Chocó, Amazonas, Cauca y la más reciente denuncia de las comunidades wayuu, en la Guajira, son una evidencia de que en Colombia ese Estado paquidérmico, ausente y corrupto, se ha convertido en el gran responsable de lo que podríamos llamar un infanticidio de la niñez indígena.

En el caso de la Guajira, para el período 2008 - 2013, las muertes de niños menores de 5 años ascienden a 2.969 y las muertes fetales a 1.202 casos, para un total de 4.171. Como lo señalan algunas de las mujeres wayuu, entre ellas Matilde López, quienes se han arriesgado a denunciar esta ignominia: "estas cifras no son reales, tenemos muchos más muertos, porque como suele ocurrir, los niños no son registrados al nacer, son sepultados dolorosa y silenciosamente en los cementerios tradicionales de nuestras comunidades wayuu".

Y es que en Colombia mientras el 12% de los niños del país sufre desnutrición crónica, para los indígenas menores de 6 años, es del 70%. Cifras del DANE han revelado que de cada mil niños indígenas entre 0 y 6 años, 250 mueren anualmente, entre otras causas por desnutrición. Este indicador es más alto que el de Somalia, África.

¿Y ante este infanticidio quién responde? Nadie, el actual Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Marco Aurelio Zuluaga, con su cinismo y negligencia, lo único que ha dicho es que solo han muerto cerca de 250 niños.

Solo después de cinco meses, luego de insistir para que se citara la Mesa de Niñez Indígena, creada como resultado de la Proposición 047 de diciembre de 2011 de la Cámara de Representantes y como fruto de una nueva proposición presentada en mi condición de Representante, el señor Zuluaga la convocó el miércoles pasado. Solo permaneció unos pocos minutos, tenía asuntos más urgentes que atender.

Lo más indignante es que en esta ocasión ya no son los infames soldados invasores quienes matan los indígenas, hoy son funcionarios quienes con su negligencia, ignorancia e incapacidad decretan desde sus escritorios el infanticidio de la niñez indígena en Colombia.