En Colombia la población femenina es mayoritaria, con 24.255.888 mujeres, lo que supone el 50,75% del total, frente a los 23.535.505 hombres que son el 49,25%. Sin desconocer que los hombres enfrentan problemáticas similares a las nuestras hay que aceptar que las mujeres hemos estado históricamente en desventaja por nuestra condición. Es precisamente el enfoque de género lo que permite develar, comprender e intervenir nuestros asuntos de manera específica. El género se ha trabajado como una categoría de análisis que hace referencia al significado social de la diferencia biológica entre los sexos; es decir, es el estudio de la relación dialéctica entre lo biológico, lo psíquico, lo social y lo cultural, que define el conjunto de maneras aceptadas históricamente de ser mujer y ser hombre en cada época, sociedad y cultura, cuyo proceso de diferenciación se traduce en inequidades, desigualdades y violencias históricamente aceptadas, institucionalizadas e invisibilizadas hacia las mujeres, su acceso al poder, a los recursos y al control sobre los mismos. 
Por ejemplo, cifras del Dane indican que la tasa de desempleo de mujeres jóvenes (entre 14 y 28 años) está hoy seis puntos más alta que la de los hombres: 20% frente a un 14% (junio – agosto 2016). En general, la tasa de desempleo de mujeres está por el orden de 11,7, frente a un 8,8% de los hombres. Por tasa de participación en el mercado laboral tampoco salimos bien libradas: 60% frente a un 75,5% de los hombres. 
Es en la ruralidad donde las mujeres llevan la peor parte: la incidencia de la pobreza monetaria en los hogares con jefatura femenina fue de 46.4% en 2015, mientras en aquellos con jefatura masculina fue de 38.6%. En el sector rural, la diferencia en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres es de 6 puntos porcentuales: hombres, 3.1%, versus mujeres, 9.1%. 
A las mujeres rurales les es mucho más difícil acceder a la titularidad de la tierra, lo que incide directamente en el acceso a créditos y a asistencia técnica: Sólo el 26,5% de las mujeres en situación de desplazamiento son propietarias, una mínima parte recibió créditos (0,5%)  y asistencia técnica (8,5%) entre 2005 y 2011, por ejemplo. 
El sistema político electoral ha excluido a las mujeres y las ha invisibilizado en los cargos de elección popular. Datos de Onu Mujeres indican que en 2012 ellas sólo ocupaban el 9% de las gobernaciones; el 10% de las alcaldías; el 18% de las curules en las asambleas y el 17% de los asientos de los concejos; el 13% de la Cámara y el 17% de del Senado.  Actualmente, el Congreso cuenta con 56 mujeres: 32 en la Cámara de Representantes (18%) y 24 en el Senado (23%). 
Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, indican que en 2015 se registraron 47.248 casos de violencia de pareja con una afectación de casi el 90% sobre las mujeres (86,66%); siendo la casa el lugar más peligroso para ellas y sus hijos: más del 70% de los casos de violencia intrafamiliar ocurrieron en el hogar. 
El conflicto armado ha provocado la expulsión de más de 2,5 millones de mujeres  de sus tierras y ellas son el 84% del total de desplazados. La guerra ha exacerbado la exclusión, la violencia y la estigmatización de las mujeres empeorando todos los indicadores sociales pero sobre todo fracturando su tejido social y su propia dignidad humana. 
Es por lo anterior que las mujeres vemos con ilusión y esperanza la salida política de esta guerra que degrada la vida y no nos permite avanzar como sociedad, pero tampoco crecer como mujeres. Para ello estamos dispuestas a seguir defendiendo cada letra del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, porque allí nada nos ha sido concedido. Lo incluido hasta ahora en el Acuerdo y que ha sido acogido por las partes, es producto de la lucha de mujeres, feministas, liderezas y organizaciones,  que han significado años de esfuerzo y dedicación y que hoy sólo significan pequeños cambios.