Se le dijo. Se le advirtió. Se le repitió una y mil veces. Y no quiso hacer caso. Y ahí tiene el problema.
Los delitos de lesa humanidad, que en otro tiempo se llamaron atroces, no son amnistiables ni indultables. Y no por simple mandato de la Constitución, sino porque así lo impone el Tratado de Roma, del que Colombia es suscriptor. Como dicen en la calle, eso no tiene vuelta de hoja.
Un país suscriptor del Tratado puede disponer, como medida transitoria o permanente, una pena mayor o menor para quien viole de esta manera los derechos humanos. Pero no se puede burlar de la medida, con cuentos como los que se han echado el Gobierno y las Farc desde que empezaron sus famosos diálogos.
Las penas están bien establecidas en los códigos modernos y las graves suponen privación efectiva de la libertad, cuando no la de muerte. Dicho sin ambages, los violadores de los derechos humanos, los que se rebelan contra el Derecho Internacional Humanitario, deben ir a la cárcel. Y si el Estado se niega a imponer esa pena, la Corte Penal Internacional asume competencia y condena al infractor de acuerdo a lo que dispone el Tratado de Roma.
Santos intentó cuanto pudo para “mamarle gallo” a ese principio, diríamos en temas bien garcíamarquianos, hablando de castigos alternativos que terminaban siendo cualquier cosa menos penas aflictivas. Y ahora, al final de la larga jornada, se encuentra con que su famosa Justicia Especial de Paz, puede hacer lo que quiera, hasta decir Misa, menos condenar delincuentes de lesa humanidad a penas aparentes.
Las Farc han dicho mil y una vez que no pagarán penas de cárcel. Ni un solo día, agregan siempre a su perorata. Y Juanpa creyó que podía darle vuelta al asunto. Y cuando descubrió que no pudo, tuvo que decir que estas amnistías y estos indultos se concederían después del plebiscito, pero que no cobijarían a los autores de aquellos delitos de lesa humanidad.
Pues acontece que los angelitos guerrilleros cometen todos los días, de la mañana a la noche, y durante la noche, delitos de esta naturaleza. Y los han cometido durante cincuenta años, y han sido procesados y condenados por cometerlos. El secuestro, las bombas, el reclutamiento de niños, las minas antipersona, las torturas, son todos delitos de lesa humanidad. Y cualquier Timochenko, cualquier Márquez, cualquier Catatumbo, cualquier Álape o Lozada, tienen a sus espaldas muchas condenas ejecutoriadas por este tipo de brutalidades. Ergo, como dicen los latinistas, no pueden ser perdonados por ningún Estado firmante del Tratado de Roma.
Así que esto se enredó. Las Farc, previendo que Santos les ponga conejo, no se desmovilizan, ni se concentran, ni se desarman, mientras no les garantice el Estado perdón para sus delitos más graves. Y Santos no les puede conceder ese perdón.
Esto es lo que se llama un laberinto sin salida. Las Farc no firman sin amnistía e indulto, y los De La Calle y compañía no pueden firmar un papel donde lo prometan. Así que se atascó el proceso.
Para conocimiento de todos, agreguemos que la Constitución colombiana reserva esta clase de perdones al Congreso. Y el Congreso, por santista y enmermelado que sea, no puede contrariar el Tratado de Roma.
Por ahí debimos empezar. Pero Santos sabía que con ese comienzo empantanaba todos sus diálogos y se quedaba sin paz. Es decir, se quedaba sin nada. Por eso le tomó el pelo cuanto pudo al tratadito que lo enreda. Pero ni el papa, ni la ONU, ni la Unión Europea, ni país alguno lo acompañaría en esa aventura. Repetimos: esto se enredó.