La única magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia comprobó, con la sentencia contra Andrés Felipe Arias, que no solo es un mal juez, de lo que ya teníamos pruebas concluyentes, sino que es persona de escaso talento. Porque en su furia antiuribista no solo mostró su desprecio por el sentido común, que es la primera vía para ofender el Derecho, sino que dejó conocer todas las fuerzas de las bajas pasiones que sacuden su alma.

La magistrada de marras, de cuyo nombre queremos olvidarnos, obró con tan impúdica cólera que le quitó seriedad y majestad a la injusticia misma. Si con un poco de sensatez se hubiera limitado a imponer siete u ocho años de prisión contra el exministro, habría mimetizado un poco la cólera política que inspiró ese esperpento.

Arias fue condenado porque no convocó a una licitación pública para adjudicar un convenio de cooperación técnica con una entidad multinacional de la que Colombia forma parte. En adelante veremos cómo se pone a competir a la FAO y a la ONU y al BID y al FMI y al Banco Mundial y a la CAF con personas de derecho privado en licitaciones abiertas para que se defina cómo nos darán asistencia técnica. Los municipios, empezando por los 900 más pobres, han quedado condenados a prescindir de las únicas fuentes de apoyo que han estado a su disposición. O para que el alcalde se libre de la cárcel, a abrir licitaciones tan costosas como estúpidas. Ese circo se llamará Corte Suprema, en honor a esta sentencia.

Quiso pues el exministro favorecer a la OEA con un contrato que nadie más celebraría, para dirigir la acción oficial en la conformación de distritos de riego, y luego quiso favorecer personas a quienes no conoció y jamás le pagaron sus favores.

La Corte pasó en silencio el pequeño dato de que el 98% de las tierras beneficiadas eran de propiedad de medianos y pequeños agricultores. Se le olvidó que en ninguna parte estaba prohibido repartir estos subsidios para tierras de empresarios y que los poquísimos que fraccionaron tierras, no solo podían hacerlo, pues que nada lo prohibía, sino que de contera no conocieron, ni antes ni después, al ministro Arias.

Pero la magistrada tenía que justificar su sentencia y resolvió inventar que Arias había intervenido en la adjudicación de los subsidios. ¡Y nada que encontraba una prueba, ni un documento, ni un acta, ni un testimonio! Así que resolvió acudir al camino de las inferencias, para diseñar la genial teoría de que un ministro tiene que estar enterado de lo que pasa en el piso donde queda su despacho. Semejante doctrina cambiará todo el derecho penal contemporáneo. Desde el maestro Carrara hasta nuestros días no se había conocido tanto talento, tanta ciencia, tanta capacidad analítica en un profesor de Derecho Penal.

Puesta a un lado la ironía, que es la única arma que queda contra los jueces rabiosos e ineptos, diremos que la sentencia contra Arias bastará para que cualquier país civilizado le otorgue refugio como perseguido político. La señora magistrada tuvo en sus manos ponerlo en aprietos. Pero fue tan lejos con su odio, que abrió las puertas del amparo que procede contra los que sufren persecuciones por Estados inicuos. No perdió Arias. Perdió la Corte. Perdió Colombia. Una Nación donde se administra justicia de ese modo no merece respeto de nadie.