Las reformas legales han de ser juzgadas por lo que proponen y por lo que no proponen; por lo que muestran y por lo que ocultan. En este sentido, la de poderes del Polo es la única contra la ‘mermelada’, el clientelismo y el fraude electoral. La del santismo ni menciona estas lacras y exhibe dos falsas soluciones contra la corrupción: el voto obligatorio, que por oferta y demanda simplemente reducirá el costo de la compra, y la lista cerrada, que ocultará a los candidatos desacreditados tras unos que gocen de buena reputación. Carnada y anzuelo. Clásico gatopardismo: que algo cambie para que todo siga igual.

Los dirigentes santistas y el propio presidente ponen cara de "yo no fui" ante el rechazo a la ‘mermelada’ gubernamental, a la par que aducen, astutos, que ella no tiene nada criticable porque "¿qué puede tener de malo mejorarle la vida a la gente?". Tanta inocencia sería digna de lástima, si no constituyera el intento cínico de engañar a los desinformados. Porque ellos saben de qué se está hablando, no simplemente de usar el poder del Estado para atender necesidades ciudadanas, sino del empleo abusivo e ilegal de los recursos públicos -nacionales, departamentales y municipales- para constreñir a los electores, obligándolos a votar por determinados candidatos, so pena de no poder acceder a una obra o un empleo. Clientelismo llamó Luis Carlos Galán a esta práctica corrupta.

Con clientelismo y ‘mermelada’ no solo se presiona al indefenso ciudadano raso. Alcaldes y gobernadores coaccionan a concejales y diputados, los congresistas someten a alcaldes y gobernadores y a todos los constriñe el presidente, el del garrote más grande porque es el mayor dispensador de ‘mermelada’ del país, todo en un carrusel en el que los presionados también presionan de acuerdo con su poder. Y en esta telaraña de relaciones extorsivas, en la que los votos van y vienen, ninguno puede dejar de respaldar el modelo económico del Consenso de Washington, sin importar cuán pernicioso sea para de Colombia. Tal vez solo falte decir que para ellos, todos herederos de la manguala del Frente Nacional, se trata de relaciones de servidumbres voluntarias, porque cada uno pesca para su canasto y para los conmilitones que lo rodean. "El que se mueva no sale en la foto", explican.

Aunque se hagan los locos, la asignación de la ‘mermelada’ al dirigente político incluye su derecho a seleccionar la obra pública en que se gastará, así sea absurda, y a escoger el contratista que la construirá, quien a su vez debe pagarle una comisión por haberle dado el negocio, plata que también sirve para financiar los gastos electorales, incluidas otras prácticas clientelistas y la compra abierta de los votos. Y con el mismo criterio de asociaciones de amigotes y extorsión al ciudadano se distribuyen los programas asistencialistas oficiales, como Familias en Acción o los planes de vivienda.

El clientelismo, como se ha explicado en esta columna, no es una perversión del sistema político y electoral colombiano, sino su esencia; no constituye el error de algunos, sino el método escogido por los partidos tradicionales para ganar las elecciones y perpetuarse en el poder. Y el sistema electoral propiamente dicho, además, está diseñado para que operen la compraventa de votos, el fraude en las mesas de votación y los escrutinios tramposos, como lo describieron Edgardo Maya, cuando fue procurador, y el registrador Carlos Ariel Sánchez.

Y lo peor es que estas prácticas tienen como objetivo poder gobernar de la peor manera y aun así ganar las elecciones: aprobar los TLC y ganar las elecciones, acabar con el agro y la industria y ganar las elecciones, imponer pésimos sistemas de salud y educación y ganar las elecciones, mantener el desempleo y la pobreza y ganar las elecciones, corromper y hacer lo que les dé la gana y ganar las elecciones, siempre con la ayuda de los pocos y poderosísimos magnates, principalmente extranjeros, que tienen a su servicio la jefatura del Estado y para los que en últimas le sirve la partidocracia clientelista.

Coletilla: falso que en Colombia las licencias ambientales se demoren demasiado y se opongan al progreso, como lo afirman Santos y Vargas Lleras. Porque se tramitan con la rapidez adecuada y a lo que se oponen es a los malos proyectos. Las licencias ambientales exprés que quieren, exprés por la irresponsabilidad de tramitarlas de afán, serán dañinas. ¡Hasta podrá hacerse fracking sin licencia ambiental!