Antes de que se pusiera en práctica la ley 100 en el año de 1994 la salud de los colombianos era atendida en su gran mayoría por el  seguro social y una pequeña parte entre otros,  por Cajanal y los hospitales   departamentales. El cubrimiento era del  30% de la población.   Los que estaban por fuera del sistema los que tenían recursos, pagaban por el servicio y los pobres se atendían por caridad.  Era un sistema excesivamente politizado y corrupto.
Hoy en día la cobertura en la seguridad social  es casi del 100%; sin embargo, la  corrupción esta  disparada y se tiene una mala prestación del servicio, lo que ha generado que los usuarios tengan que recurrir a la tutela para que sean atendidos.  Por medio de esta acción los pacientes buscan  que se les dé una cita,   se les programe una cirugía e inclusive  que se  les formulen las medicinas.  Para atender los  temas de salud en el país, se presentan más  de 400 tutelas diarias, lo que tiene  colapsando  el sistema judicial y lo más delicado, en muchas oportunidades los jueces son los que están determinando las medicinas y los procedimientos que se le deben  dar a los pacientes.
El manejo de la salud es bastante complejo en el país.  Se  tiene un régimen al que pertenecen los que están trabajando y que se llama el contributivo y a los que no están trabajando y que pertenecen al sisben, se les  llama subsidiados.  Cada régimen tiene sus propias EPS (aunque hay algunas que atienden a ambos).  En el país  existen unas 100 EPS  en total,  cifra supremamente alta. 
En su momento el  gobierno nacional pretendía encargarse del control y vigilancia en la prestación del servicio y dejar que los particulares fueran los prestadores.  Sin embargo, no fue capaz de controlarlas. Caprecom que  es estatal y  que en una época prestó un buen servicio, especialmente en zonas deprimidas y alejadas, anda en proceso de liquidación.  Otra EPS,  Saludcoop que llegó a ser la EPS más grande del país, tuvo que ser intervenida y no se sabe a ciencia cierta cuánta plata fue la que  le robaron y lo más delicado, dentro del proceso de intervención  se politizó y la prestación del servicio se cayó y sigue gastando plata sin ningún control.
Es muy bueno para el país que el cubrimiento de salud sea cercano al 100%, lo que no es muy bueno es  el gasto   exagerado que tiene su funcionamiento. Se dice que cuesta una cifra cercana a los 45 billones de pesos al año, cifra nada despreciable sobre todo si se tiene en cuenta el mal nivel  de servicio que se presta.  Aclarando que un millón de millones es un billón y que para tener  una idea del costo  Reficar que se considera la obra más cara  del país tuvo un precio aproximado a los 28 billones de pesos.  
El estado tiene intervenidas diferentes  EPS y una de ellas es SOS,  muy conocida  en nuestro medio.  Sin embargo, poco hace para que estas entidades mejoren la prestación del servicio.  Aparentemente tiene temor de liquidarlas porque no sabría  cómo manejar a sus afiliados.  SOS es una entidad de la que es socia minoritaria  la Caja de Compensación Familiar  de Caldas, entidad que tiene un gran reconocimiento en nuestro medio. En su momento Confa construyó una clínica con muy buenas especificaciones y un excelente servicio para que entre otras, allí se atendiera  los pacientes de SOS.  El socio mayoritario de esa EPS es una Caja de Compensación de Cali  a la que le quedó grande el manejo de la entidad.  Hoy en día SOS está intervenida por el gobierno con un alto riesgo de que la liquiden, el servicio que presta es permanentemente cuestionado y Confa la tuvo que sacar de la Clínica San Marcel –a su socio- por razones no muy claras. 
No es bien visto que una Caja de Compensación, como Comfandi, prácticamente  dueña de SOS y que vive de los recursos que provienen de los aportes que hacen las empresas y en general los empleadores, y cuyo objeto social es el de cancelar los subsidios familiares y en general los que concede el estado a los mas desfavorecidos y propiciar un mejoramiento en las condiciones de vida de sus afiliados, maneje tan mal a una entidad como la SOS y tampoco es clara la posición de  los empresarios que hacen parte del consejo directivo de esta Caja, al permitir que esta entidad preste un mal servicio en  una actividad que sin lugar a dudas están afiliados muchos de sus beneficiarios.