Con relación al Proyecto de Acuerdo 100 de 2014 “Por medio del cual se establecen incentivos al Patrimonio Cultural en Manizales” la Asociación cívica Centro Histórico menciona en el documento: ABC del citado proyecto que: "La iniciativa tiene como origen el trabajo del Foro Ciudadano de la Universidad Nacional con la participación de numerosas instituciones y personas, entre ellas expertos y ciudadanos del común alarmados por la situación del Centro Histórico. Es consistente con otras propuestas acerca del POT, políticas de seguridad, cultura, turismo, y emprendimiento, entre otras; que se ha propuesto la sociedad civil para recuperar nuestro centro histórico".
Considera el documento que son importantes los incentivos al Patrimonio Cultural porque los propietarios tienen cargas impuestas por la ley y por el mercado, que de no existir, harían más ventajosa su situación, frente a propietarios de bienes inmuebles que no son patrimonio. Esta situación genera a su vez incentivos negativos traducidos en el abandono de inmuebles que han llegado incluso a la ruina, como ha venido sucediendo en Manizales. Las cargas de conservación son compensadas en muchas ciudades del mundo con beneficios tributarios como la mejor manera de preservar y exaltar el patrimonio.
El Patrimonio Cultural inmueble de la ciudad se ha venido deteriorando salvo contadas excepciones; a ello han contribuido varios factores como la degradación del Centro Histórico (seguridad, iluminación, espacio público) y políticas inadecuadas de incentivos.
Añade que el acuerdo 774 de 2011 fue insuficiente en cuanto a que el porcentaje de inmuebles que se acogieron a éste fue del 7,8 %, es decir, 22 Bienes de Interés Cultural, de los 281 inmuebles protegidos que potencialmente pueden acceder al beneficio.
Propone que los usos del suelo para el Centro Histórico se deberían incentivar así:
- Función residencial: Favorece la rehabilitación residencial acorde a los edificios y espacios urbanos del Centro Histórico y sus alrededores.
- Función institucional: Fortalece el arraigo institucional al establecer la ubicación de las entidades estatales en el Centro Histórico.
- Función cultural y turística: En complemento a la función residencial, otros usos públicos y comunitarios contribuyen a hacer más atractivo el Centro Histórico.
Para acreditar las condiciones generales, el responsable del trámite técnico- administrativo, según el Artículo III del proyecto, es el propietario que de manera voluntaria presentará su solicitud para acogerse a los beneficios, adelantando el trámite ante las instancias respectivas de la Administración Municipal:
Junta de protección del patrimonio: Emite concepto sobre condiciones de preservación.
Secretaría de Planeación: Comprueba los parámetros de las condiciones de conservación y realiza la visita de verificación de las mismas. Remite, si es el caso, la respectiva resolución a la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda, previa verificación de los requisitos.
Instituto de Cultura y Turismo: Concepto favorable relativo a usos culturales y turísticos.
Secretaría del Medio Ambiente: Verifica el cumplimiento de las normas sobre publicidad exterior visual.
Secretaría de Gobierno: Verifica el cumplimiento de los literales a y b de la Ley 232 de 1995 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
Secretaría de Hacienda: Emite el certificado de paz y salvo de impuestos municipales o copia autenticada del acuerdo de pago.
Destacado:
Las cargas de conservación son compensadas en muchas ciudades del mundo con beneficios tributarios como la mejor manera de preservar y exaltar el patrimonio.
COMENTARIO ADICIONAL:
La gran mayoría (98%) de los BIC tienen uso mixto del suelo y muchos de los locales comerciales han sido arrendados por propietarios de BIC. El acuerdo estipula que aquellos establecimientos públicos que hayan incumplido con las normas de uso del suelo, si se encuentran en un inmueble BIC, perderían el incentivo. Esto haría que los propietarios tuvieran más cuidado a la hora de arrendar sus inmuebles, pues las acciones de éstos repercuten en la obtención del estímulo. Al mismo tiempo los alentaría a arrendar sus locales a arrendatarios que le den un uso del suelo entre los que obtienen incentivos. Se espera que en el mediano plazo los propietarios opten por esta posibilidad.
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