Una de las habilidades que tiene que desarrollar el hombre público, sometido a decir frecuentemente cosas que no ha preparado, es la mesura. Es decir, la medida de lo que expresa, muchas veces sometido a la presión de las circunstancias. Y a la habilidad de los periodistas para jalarles la lengua a los entrevistados, haciéndoles preguntas con respuestas sugeridas, ocultas entre las interrogaciones, que se conocen como "cáscaras". Si el personaje las pisa y patina, está perdido; o tiene que incurrir en una sarta de declaraciones adicionales, para enmendar el error. Agréguese a lo anterior que todo lo que se diga en público alguien lo graba, y, en menos de lo que se demora un cura ñato para persignarse, le da la vuelta al mundo, en alas de la Internet. Con esas evidencias atacan los enemigos de gobernantes, magistrados y parlamentarios, bien para ganarles la posición en unas próximas elecciones, o para tumbarlos del puesto. Casi siempre el destino final de estos rifirrafes son los tribunales, en los que se exhiben como pruebas contra el personaje acusado las grabaciones de declaraciones dadas en cualquier evento; fecha y hora del suceso; y personas que lo acompañaban, algunas puestas adrede a su lado, para comprometerlo con relaciones turbias. Esas circunstancias conducen a uno de dos destinos: o al funcionario se le hace imposible ejercer, para cumplir con sus compromisos y objetivos; o no ejecuta nada, para sobreaguar en el cargo y cuidar el pellejo.

La expresión que sentencia "las palabras son aire y van al aire" perdió vigencia, porque con los recursos de la tecnología se recogen, y pueden transformarse a conveniencia de las partes, en las lides de la confrontación política. Menuda responsabilidad la de los actores de la vida pública, que no solamente tienen que cuidarse de lo que dicen, sino de las personas que están a su lado en los eventos. Pero como "para el mamón no hay ley", los cínicos niegan las evidencias sin ningún pudor, hacen borrar de las grabaciones a los indeseables para mostrar contrapruebas y, ante la certeza de que son culpables, según les dicta la conciencia, queda ante los tribunales el recurso de dilatar los procesos jugándole a la prescripción, práctica que es muy frecuente.

Gracias a los medios de comunicación, que llegan con sus informes hasta los más recónditos lugares, la gente está cada vez más preparada para elegir a conciencia. Si no lo hace, es porque se deja sobornar o porque está atemorizada, en aquellos lugares donde imperan las organizaciones criminales, cuyos inventarios electorales tienen que funcionarles, o las represiones, implacables y crueles, no se hacen esperar. Pero en los lugares donde puede ejercerse la democracia en libertad, deben los electores analizar con cuidado lo que dicen los candidatos, para no dejarse seducir por verborreas insustanciales y mentirosas.