De los errores se aprende, dice el refrán popular. No parece ser el caso con el gobierno de las “oportunidades” cuya característica principal ha sido seguir haciendo lo mismo…o peor.
Peor en salud porque se trataba de mejorar Assbasalud, no de acabar con el servicio en muchas comunas y veredas. Ni qué decir del Hospital Geriátrico que sigue haciendo cola para su desmonte o privatización.
Peor en el Macroproyecto San José porque se aspiraba a enmendar los errores en la gestión urbana de las administraciones pasadas, no a profundizar el modelo expropiador, ahora por vía administrativa.
Peor en democracia participativa, porque las mayorías del Concejo de Manizales se hicieron el “harakiri” para favorecer la centralización de poderes en manos del Alcalde entrante.
La lista es larga, pero quisiera detenerme en un tema relacionado con la gestión  urbana y la calidad de vida en Manizales que tiene visos de tragicomedia. Se trata de la “solución vial” del barrio La Carola, un proyecto heredado de la administración municipal anterior y que tiene como propósito construir con recursos públicos y por derrame de valorización una obra que claramente necesita y requiere una actividad comercial para su funcionamiento. Dice otro refrán que “a un perro no lo capan dos veces”, pero casos se han visto.
Es el mismo esquema de gestión urbana seguido por otro centro comercial en  Fundadores: trasladarle los costos de una operación privada al bolsillo de los  ciudadanos. En éste último caso, mediante las siguientes acciones:
(1) Hacer un primer cambio en el tratamiento urbanístico del predio al pasar de ser catalogado como de riesgo no mitigable a convertirse en urbanizable. (2) Concederle un nuevo aprovechamiento de suelo para fines comerciales. (3) Otorgarle el derecho a edificabilidad que no tenía antes por su condición de riesgo.
La ciudad puede hacer cambios de este tipo sin afectar los principios básicos del urbanismo y cuando las condiciones así lo ameriten, pero no gratis, como en efecto se hizo. Todos estos cambios son generadores de plusvalía urbana y el municipio está en la obligación de recuperarla exigiéndole al beneficiario su contribución para obtener recursos con los cuales financiar proyectos sociales. En este caso, los habitantes de la Comuna San José podrían ser sus principales beneficiarios.
La lógica es simple, el mayor beneficio privado que obtienen algunos por el cambio de la normatividad arquitectónica y urbanística, debe servir para financiar equipamientos en los barrios más infradotados. Así se aplica el principio de reparto equitativo de cargas y beneficios.
Pero hay una quinta acción, aún más preocupante. Los problemas de movilidad que genera el comercio de grandes superficies, absolutamente previsible por la intensidad del uso. El municipio, en vez de anticiparse a esta problemática exigiéndole las soluciones respectivas al proyecto urbano privado, termina financiándolo con recursos públicos y de los ciudadanos por la vía de la valorización.
Pan y pedazo para las iniciativas privadas; mientras tanto, el Alcalde se queja de que no hay recursos de inversión, los centros de salud se cierran, los abuelos están a punto de quedarse en la calle sin atención, en San José no se construyen parques o equipamientos porque no hay plata, se aplazan las inversiones en infraestructura educativa, entre otras consecuencias de una gestión urbana perversa que se niega a utilizar los instrumentos previstos en la ley de ordenamiento territorial para lograr lo que algunos llaman “justicia socio-espacial”.
Este mismo modelo se aplicará en La Carola como si fuese un “déyà vu”. El municipio rinde pleitesía al privado, y en vez de negociar condiciones favorables para hacer compatible su localización con el desarrollo armónico del entorno, termina financiando parte de las obligaciones del privado para con la ciudad, como lo es garantizar las infraestructuras y el urbanismo necesario para facilitar la accesibilidad vehicular y peatonal de la actividad comercial sin afectar de manera grave la movilidad de la ciudad. Y lo peor, le trasladan ese costo a los ciudadanos del sector por medio del cobro de valorización, en nombre del interés general.
Para generar mayor calidad de vida urbana, no se puede seguir aplazando la  reglamentación de instrumentos de gestión urbana como el acuerdo de plusvalías.