En medio de esta avalancha diaria de noticias que incluyen el Brexit, la campaña de Trump y el plebiscito por la paz (las tres se me parecen porque una cosa es pensar con el deseo y otra cosa son los votos en las urnas), hay una nueva ley ha pasado más o menos inadvertida.
Se trata de la Ley 1797 sobre “el sistema general de seguridad social en salud”, que fue presentada como el salvavidas para hospitales a los que las EPS les deben plata hace meses o años. Más allá de la eterna crisis económica del sector salud, herencia de la Ley 100, la nueva norma cambia la forma de elegir gerentes y directores de hospitales públicos y acaba los concursos de méritos, que son mentirocracia legitimada por alguna universidad.
A veces parece que la historia avanza en círculo y no en línea recta. Esta ley vuelve a dejar la elección de gerentes de hospitales tal y como estaba antes del experimento de los concursos, que se inventaron para ponerle fin a la politiquería y la corrupción en el sector salud y que hoy se eliminan por idénticas razones. 
En agosto de 2009 un fallo de la Corte Constitucional señaló que la meritocracia era el único proceso válido para ocupar cargos públicos. La decisión se dio luego de tutelas contra los hospitales de Puerto Inírida (Guainía) y Cunday (Tolima) que nombraron como directores, por razones políticas, a personas distintas a las que ganaron el concurso. Porque aunque suene inverosímil acá pasan cosas como ésa: el primero no es el que gana porque el concurso es solo un requisito para conformar una terna de la que eligen a cualquiera.
La meritocracia pareció muy conveniente: las universidades garantizan transparencia y el concurso asegura idoneidad y pluralidad, porque cualquier profesional, sin palancas ni tinte político, puede competir por el cargo. Una idea perfecta en el papel.
Pero una cosa es el espíritu de la ley y otra cosa es su ejecución, o como dice la sabiduría popular: una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Pese a la falta de recursos, un hospital tiene presupuesto, contrata, maneja burocracia. Puede ser un sitio ideal para pagar favores políticos o aceitar campañas. De tal manera que si para nombrar a alguien como gerente de un hospital se necesita ganar un concurso, entonces lo que hay que hacer es arreglar el concurso.
Dicho y hecho: la meritocracia se volvió un negocio por encima de la mesa y también por debajo. Los concursos se organizaron a través de universidades acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. El costo de un examen osciló entre $15 y $60 millones. En el país son casi 1.800 empresas sociales del Estado así que multiplique: sus impuestos y los míos para pagarle a la respectiva universidad, para que dentro de tres meses elija a quien ya se sabía que iba a ganar.
En 2012 la Procuraduría dijo que tenía 138 denuncias concretas sobre fraudes de todo tipo: filtración de cuestionarios, calificaciones dudosas, documentos falsos. La corrupción haciendo metástasis en la salud. Anunciaron comisiones de expertos y exhaustivas investigaciones, que pararon en lo que el amable lector ya se imagina: en nada.
A falta de sanciones, las denuncias continuaron. Contra la Universidad de Pamplona, la de Medellín, la Manuela Beltrán, la Sabana. Entonces el Congreso en su sabiduría aprobó una ley que Santos sancionó el pasado 13 de julio, según la cual a partir de ahora el Presidente, los gobernadores o los alcaldes nombrarán directamente a los gerentes de los hospitales. Según el gobierno no se trata de politiquería sino de acabar con la farsa de los concursos, y que los mandatarios asuman la responsabilidad política por los malos nombramientos, como si tal cosa existiera.
De la exposición de motivos y los argumentos del gobierno para acabar la meritocracia en la salud se deduce que los fraudes no fueron casos aislados sino un problema estructural: a las universidades les quedó grande garantizar concursos transparentes y por eso hubo que cambiar la ley, para acabarlos.
Quedan vigentes los concursos para elegir otros altos funcionarios, como por ejemplo contralores y personeros, sobre los que ha habido idénticas denuncias. Y sorprende el silencio de las universidades ante tan enormes cuestionamientos.
Pie de página: Hablando de salud, otro silencio llamativo es el que rodea el caso de Mediccol y el secretario municipal.