Me pareció valiente la alerta encendida por Alberto Jaramillo Botero, presidente de la Sociedad Caldense de Arquitectos e Ingenieros de Caldas, quien señaló que los prepliegos de contratación diseñados por el Instituto de Valorización Invama para el intercambiador vial de La Carola son excluyentes, pues dejan por fuera de competencia no solo a todas las firmas constructoras de Manizales, sino del Eje Cafetero. Solo las empresas grandes, las enormes, podrían construir ese intercambiador. Ni que fuéramos a hacer el Túnel de la Línea.
(Valiente porque al escucharlo recordé lo que escribió el periodista Fernando Alonso Ramírez en su columna de la Revista Cereza de diciembre sobre las 31 cosas para quemar al cierre del año pasado. Allí incluyó a “los gremios que en busca de recursos de financiación o cofinanciación de sus programas con las administraciones municipal y departamental agachan la cabeza ante desafueros evidentes”).
La denuncia de Alberto Jaramillo Botero fue respaldada por la Corporación Cívica de Caldas y consiste en algo que suena conocido: La obra a adjudicar vale casi $25.000 millones y entre las exigencias a los proponentes está que tengan un capital de trabajo por ese mismo valor y un patrimonio del doble. El Invama se justifica diciendo que no pagará anticipos y que se necesita un contratista que no deje tirada la obra. Suena loable, pero se sabe que aunque no haya anticipos sí hay pagos parciales, a medida que las obras avanzan. Si prospera el criterio del Invama, la obra de La Carola, y las demás que vengan, tendrán que ser construidas por empresas de otras ciudades porque aquí no hay quién pueda cumplir con esos indicadores financieros.
No se entienda acá que abogo por un proteccionismo de la industria local al estilo Donald Trump. Ni más faltaba. Bienvenida la competencia con empresarios de cualquier parte del país, que traigan innovación, desarrollo, y que puedan generar empleo acá. Pero que lleguen con una competencia sana, transparente, y no gracias a unas contrataciones que generan suspicacias porque se las gana gente muy de buenas, a la que le encajan a la medida los pliegos contractuales, como si hubieran sido diseñados por un sastre.
Dirán que hilo delgado, que exagero o que no es para tanto. Lo que pasa es que el caso es idéntico a la contratación del intermediario de seguros, que realizó en julio del año pasado la Alcaldía de Manizales. Desde que salieron los prepliegos los conocedores de ese sector advirtieron que siete firmas corredoras de seguros de Manizales, de amplia tradición y experiencia, quedaban por fuera porque los indicadores financieros exigidos eran demasiado altos. Algunos vaticinaron con más de un mes de antelación que el ganador sería Quality, una empresa de Pereira cercana a la esposa del senador Carlos Enrique Soto, que ya había logrado un contrato con Aguas de Manizales. En su momento la Alcaldía de Manizales explicó, argumentó, respondió observaciones. Y al final Quality se llevó el contrato.
Algo parecido ocurrió también con la adjudicación de la ruta del Cosmobús, que no se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop porque según el Secretario de Tránsito se trataba de una licitación pero no de un contrato. En su momento Socobuses alegó que el proceso estaba diseñado para que ellos perdieran. La Alcaldía de Manizales explicó, argumentó, respondió observaciones. Y al final Socobuses quedó por fuera y Sideral se llevó el contrato.
Hay contratistas con suerte. El año pasado escribí en este espacio que la empresa Centro Digital logró un contrato por $203 millones con la Lotería, otro por $33,6 millones con Infimanizales, otro de $30 millones con Aguas de Manizales y uno más por $33,9 con People Contact. Más de $300 millones para publicidad, entregados mediante contratación directa, a los que se suma la licencia para uso de vallas que les dio la Alcaldía en abril, después de que la empresa OP Caldas las manejara 20 años.
Si bien es común que quienes pierden las licitaciones intenten desvirtuar los procesos, también es cierto que ya son varios los casos en los que distintos contratistas han cuestionado el proceder de la administración. Cabe la presunción de inocencia, por supuesto, pero también cabe que la Alcaldía construya confianza a partir de prácticas contractuales que no generen tantas inquietudes.
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