El 2014 fue un año memorable para el sector educativo, si se tiene en cuenta la movilización social y las múltiples actividades, foros, talleres, conferencias, artículos y estudios que se presentaron en distintos escenarios a nivel nacional. Pese a los esfuerzos del sector público y privado por contribuir a una educación más incluyente, que respete la diversidad y la potencie para elevar las oportunidades de aprendizaje, estos no parecen ser suficientes y más aún si se tiene en cuenta que los porcentajes de cobertura son cada vez amplios en contraste con los resultados de los aprendizajes de los niños medidos por pruebas internas y externas en donde hay, aún, mucho que mejorar.
Las cifras presentadas en el mes de diciembre, a propósito del Lanzamiento del Índice del Derecho a la Educación, por parte de la Alianza Educación Compromiso de Todos, de la cual hace parte la Fundación Empresarios por la Educación, no se alejan mucho de lo presentado por distintas organizaciones como PISA, TERCE, ICFES y Ministerio de Educación, etc., en relación con el estado de la educación en nuestro país. Sin embargo, la manera en que se presentan, en función de contribuir a la garantía de la educación como un derecho humano fundamental, en condiciones de equidad, igualdad y calidad, ha hecho de esta alianza un canal para comunicar propuestas en torno al sector educativo empoderando a la ciudadanía y haciendo un permanente llamado en términos de corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado para hacer de la educación un compromiso de todos.
En este sentido, la alianza promueve el derecho a la educación como un derecho intrínseco que a su vez hace posible el ejercicio de otros derechos. La información recogida por la alianza se divide en cuatro grandes grupos:Accesibilidad referida a una educación accesible física y económicamente y sin discriminación con gratuidad en primaria e implementación progresiva a otros niveles. Adaptabilidad referida a la flexibilidad de la educación, capacidad de adaptación y respuesta a las necesidades individuales y sociales. La Aceptabilidad relacionada con la pertinencia de los programas de estudio y los métodos pedagógicos y finalmente, la Disponibilidadrelacionada con la oferta suficiente de programas y condiciones para su funcionamiento (docentes calificados, infraestructura, dotación, servicios, materiales de enseñanza etc.).
Cada grupo cuenta con un Índice del Derecho a la Educación (IDE) por Región que determina qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lograr una real garantía a este derecho. Los valores (que pueden ser consultados en su página web) se expresan en una escala de 0 a 100. Cuanto más cerca al valor máximo estará más cerca el cumplimiento del derecho a la educación. Según esta organización, los indicadores se promedian para obtener un resultado a nivel de dimensión y a partir de los valores por dimensión se obtiene el valor total del IDE. Estos indicadores son limitados en tanto solo han trabajado aquellos que son considerados confiables por parte del MEN, con las debilidades con las que aún cuenta este sistema de información en educación para todos los componentes del IDE.
En el 2012 el IDE fue del 55% mientras que en el 2013 fue del 54%. El descenso se debe, según la fuente, a la disminución de los puntajes de aceptabilidad y adaptabilidad. Esto demuestra lo lejos que estamos aún de garantizar el derecho a la educación en todas su dimensiones. Si bien, este ejercicio de medición sigue aún en construcción, es un llamado a las instancias locales y nacionales para tener en cuenta este tipo de información como parte de la construcción de estrategias nacionales para asegurar que la educación sea un derecho cumplido para toda la población.
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