Si de algo puede estar segura la guerrilla de las Farc en el desarrollo de estos diálogos, si las cosas siguen como van, es que solo pueden confiar en el Gobierno hasta el 7 de agosto de 2018, día en que termina su mandato el presidente Santos, ya que no se sabe lo que pase después; lo cual sugiere que el tiempo restante convendría que se aprovechara al máximo para sacar adelante esta feliz aventura de la búsqueda de la convivencia pacífica de los colombianos.

Ese límite temporal debería ser el que contenga la primera fase de la justicia transicional: dos años de privación de la libertad después de seis meses en los cuales se diseñen los mecanismos legales para ello, y seis meses finales para consolidar los resultados de la verdad y la reparación integral, así como la elaboración de los mecanismos que garanticen la no repetición.

Justamente se podría estar hablando de cese bilateral con concentración de los subversivos en las sedes de sus bloques, mientras que en los primeros seis meses se van definiendo los temas de justicia retributiva para los que causaron, desarrollaron, avivaron, propiciaron y se beneficiaron del conflicto armado, para lo cual subversivos podrían ser anfitriones en centros de reclusión especial, para recibir a todas aquellas personas, grupos o instituciones de tipo económico, político, familiar o militar que tuvieron que ver con el inicio, desarrollo, mantenimiento o escalamiento de la guerra, a fin de que en esos dos años de catarsis, reflexión y reconciliación, se confeccionen los mecanismos de no repetición, los cuales se desarrollarían mediante reformas legislativas y de políticas públicas en los seis meses finales; eso sí, por fuera de los escenarios de la justicia institucional, tal como lo autoriza el Marco Jurídico para la Paz, que aunque no fue producto de los acuerdos, sirve a sus propósitos.

Sería cuestión de definir quiénes y cuántos de los miembros de las Farc continuarían en esos dos años de reclusión especial. Digo seguirían, por cuanto ya toda su vida de militancia en esa organización podría entenderse como que han estado presos de su fanatismo, de sus miedos, de las inclemencias de la selva, del temor a ser capturados por el enemigo, del dolor de la ausencia de sus seres queridos, de la angustia, de proyectos de vida que se ahogan en la manigua sin mayores esperanzas, sin opciones distintas a la inminencia de la muerte o a la traición de los amigos o los subalternos, del abuso o del juicio implacable de sus superiores, o de la ausencia y de la soledad. Una cosa es llevar a la cárcel a dictadores y a criminales de Estado que desde la comodidad de su engaño cometen delitos contra el pueblo al que representan, y, otra, a subversivos de vida rural, que de por sí ya están presos de sus sueños incompletos, y quienes aspiran a liderar un proyecto político por el que seguramente la mayoría no votaremos, pero cuya aparición en ese escenario constituye precisamente uno de los elementos de la transición que esperamos.

Este país merece celebrar el 7 de agosto de 2019 los primeros doscientos años de existencia, como una especie de rito de pasaje, al dejar atrás la inmadurez instintiva para comenzar la existencia como nación que llega a la mayoría de edad a enfrentar su futuro con el orgullo que supone poseer el mejor territorio del mundo habitado por unas gentes maravillosas, en la que no sea una vergüenza, ni se pueda entender como una venganza del destino, llevar la nacionalidad colombiana.