En los últimos meses una cantidad considerable de compraventas de oro de los principales centros mineros del país cerraron sus puertas. En lugares como Zaragoza, El Bagre, Nechí y Medellín en Antioquia, y Marmato en Caldas, debido a las presiones que el gobierno nacional está ejerciendo sobre ellos, los comercializadores suspendieron las compras a los pequeños mineros.

La pequeña minería tiene una larga tradición en Colombia. Los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca y Chocó, entre otros, han sido epicentros de la extracción de minerales desde hace varios siglos. Hoy en Colombia 2 millones de personas dependen directa e indirectamente de esta actividad que se realiza en 484 de los 1.100 municipios, razón por la que este tipo de producción ha sido considerada como una actividad de gran importancia histórica y social al contribuir en la generación de empleo, la dinamización de las economías locales y la erradicación de la pobreza.

Pese a su importancia, los gobiernos de los últimos años han decidido arrasar con esta actividad, buscando que la extracción de minerales preciosos esté a cargo únicamente de grandes empresas extranjeras. Para lograr este fin, las instituciones gubernamentales han utilizado dos tácticas simultáneamente; acatando las exigencias del banco Mundial, se diseñó y perfeccionó una política minera, tributaria y ambiental ampliamente favorable a las compañías mineras trasnacionales, consagrada finalmente en el código de minas de 2001; por otro lado, se han expedido numerosas normas contra los pequeños mineros dirigidas a imponerles enormes obligaciones, dificultar su formalización y negarles el derecho a trabajar.

En medio de una importante caída de los precios de los principales minerales en los mercados internacionales y de una creciente movilización social en contra de los proyectos de las grandes compañías mineras en el país, el gobierno no ha optado por modificar las condiciones económicas de estas empresas, por el contrario, ha arreciado contra la minería tradicional. Prueba de ello son los decretos 2235 y 2367 de 2012 mediante los cuales la fuerza pública, sin que medie proceso alguno, está avalada para destruir maquinaria, realizar arrestos y decomisar e incautar minerales si los responsables de la mina no cuentan con un título minero, imposible de obtener en la gran mayoría de casos. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre el 2001 y 2007, de 3.631 solicitudes de formalización presentadas por los pequeños mineros, menos del 1% terminaron en la expedición del título.

El impacto negativo por la prohibición de la compra de minerales ya se siente en los principales municipios mineros en los que se empieza a padecer una grave crisis social, fruto del desempleo, el endeudamiento y la falta de alternativas laborales. Las finanzas de estas poblaciones se resentirán al no percibir regalías ni impuestos en el volumen usual, lo que afectará la inversión social y agudizará las dificultades.

Frente a este panorama, es apenas justo que los pequeños y medianos mineros del país hayan decidido convocar nuevamente a un paro nacional a partir del 18 de febrero. El incumplimiento de los acuerdos logrados en la movilización de 2013 y la persecución a miles de trabajadores que realizan una de las actividades más difíciles y peligrosas que existen, son razones suficientes para que los mineros eleven su voz de protesta ante un gobierno que se ha dedicado a favorecer los intereses extranjeros en detrimento del bienestar de los colombianos.