Darío Arenas Villegas

Como si se tratara de un coctel preparado con el único propósito de producir un gran guayabo nacional, el presidente Juan Manuel Santos incluyó 9 artículos relacionados con los impuestos y el monopolio de los licores en el Plan Nacional de Desarrollo.

Actualmente, la libre competencia no existe en el mercado de licores en Colombia ya que este sector se concibió desde hace más de un siglo como un monopolio del Estado con una clara finalidad social: aportar recursos para salud y educación a través de las utilidades empresariales y los impuestos de los productos. Aunado al impulso de la actividad industrial, la generación de empleos de calidad y la dinamización de las economías regionales, el beneficio social que aportan las industrias licoreras departamentales es evidente; entre 2003 y 2013 los licores nacionales le transfirieron al sector salud 3,2 billones de pesos, mientras que los extranjeros apenas contribuyeron con 300 mil millones (Datos Superintendencia Nacional de Salud).

Sin haberse consultado con el gremio y camuflada en medio de 200 artículos, la propuesta del presidente Santos busca reducir los impuestos de los productos extranjeros en más del 50% y pretende arrebatarle el control sobre los licores a los departamentos, al darle trato nacional a las bebidas importadas, permitirles libre acceso a las regiones y avalar que los privados puedan producir alcohol, con lo que en la práctica se acaba con el monopolio departamental. El argumento central para realizar las modificaciones reside en que el país incumple normas de la Organización Mundial de Comercio, no acata las determinaciones de los Tratados de Libre Comercio y bajo el régimen actual no podría ingresar a la OCDE. Es decir que el proyecto no hace parte de un plan nacional ni constituye una apuesta para el desarrollo de los colombianos, sino que se realiza primordialmente para satisfacer los intereses extranjeros.

El fin del monopolio y la reducción de impuestos a los importados, implicará que las industrias licoreras departamentales se enfrenten en condiciones desiguales a grandes multinacionales. Diageo y Pernod Ricard, las dos compañías de licores más grandes del planeta, producen y comercializan licores como Jhonnie Walker, Buchanan´s, Old Parr y Absolut Vodka; ambas compañías sumaron en 2013 ingresos por 22 mil millones de euros (aproximadamente 60 billones de pesos), tienen 45 mil empleados en los 5 continentes, venden más de 1.000 millones de unidades al año y realizan enormes inversiones en publicidad y mercadeo. Ante la indiscutible asimetría entre las trasnacionales y la producción nacional, las empresas foráneas serán las únicas beneficiadas con el Plan de Desarrollo.

El camino de la apertura del mercado y la desprotección a los licores nacionales ya lo recorrió México, por lo que es un ejemplo nítido de lo que puede suceder con las licoreras nacionales. Luego de firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en menos de 15 años emblemáticas empresas mexicanas de tequila como Cazadores, Sauza, Herradura, Viuda de Romero y José Cuervo fueron compradas por las multinacionales Diageo, Pernod Ricard, Bacardi y Brown Forman Corporation, lo que ha generado efectos negativos para las finanzas nacionales, la calidad de los productos y el pago a los trabajadores (La Jornada, 27 de diciembre de 2014).

Así las cosas, el inevitable destino de las 7 licoreras departamentales será el cierre o la absorción por parte de grandes compañías, lo que generará la pérdida de miles de empleos directos e indirectos, profundizará la desindustrialización del país y hará que las rentas departamentales se vengan a pique. El proyecto de ley apenas avanza en el Congreso de la República, por lo que aún es posible derrotar este intento de acabar con un patrimonio público de todos los colombianos. La movilización ciudadana es la única opción.