Para pocas personas es ajena la problemática que por años ha padecido la Industria Licorera de Caldas: corrupción, favoritismos, malos manejos, improvisación y el desamparo de la dirigencia local al patrimonio público, han aquejado por años a la principal empresa del departamento.

Las alarmas se han encendido en este último periodo por lo que parece ser la decisión de marchitar definitivamente la Licorera. La decisión de cerrar la planta de destilación desde noviembre de 2013, bajo la premisa de ahorrar con la importación de alcoholes y evitar posibles sanciones por la contaminación que se generaba, ha sido una de las determinaciones más lesivas de los últimos años. La planta de destilación es el alma de la licorera, ya que en esta se producen los alcoholes base para el ron y el aguardiente y es donde los productos empiezan a adquirir su sabor característico.

Como parte de las actividades asociadas a la destilación, la Licorera firmó en 2009 contrato con Líquidos Carbónicos de Colombia S.A. (empresa de la multinacional norteamericana Praxair Inc.) para la explotación, procesamiento y comercialización del gas carbónico proveniente de esta planta. El contrato se suscribió hasta el año 2024 y en él, se estipuló que el valor anual del mismo sería de 450 millones de pesos, asimismo que Líquidos Carbónicos adecuaría y pondría en funcionamiento la planta de gas -con un costo de 350.000 dólares- y que esta compañía le transferiría a la Licorera el 25% del valor de las ventas.

Debido al intempestivo cierre de la planta, desde hace un año no se producen alcoholes para la producción de ron y aguardiente y por ende no se produce gas carbónico. A raíz de esta situación, la filial de Praxair presentó ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos de Manizales una solicitud de conciliación extrajudicial, lo que significa que está a un paso de demandar a la Licorera por incumplimiento del contrato.

Líquidos Carbónicos solicita que por concepto de perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante, la Licorera la indemnice por 8.500 millones de pesos, un valor 3,5 veces más alto que el costo de las inversiones de tipo ambiental que el Gobernador y el Gerente han presentado como requisito indispensable para reabrir la destilería (unos 2.400 millones de pesos). A raíz de esto, se le debe preguntar al Gobernador y a la Junta Directiva de la Licorera: ¿acaso no eran conscientes de la vigencia de este y otros contratos relacionados con la planta de destilación? Sabiendo que incumplirían los contratos ¿actuaron a pesar de los líos judiciales y financieros a los que se enfrentaría la empresa?

Aparte de la amenaza que representa la posible demanda de Praxair, empresas como Autolegal S.A., encargada de transportar miel virgen desde los ingenios hasta la planta de destilación, continúa esperando alternativas para dar cumplimiento a los contratos vigentes, de los que aún faltan por ejecutarse unos 3.000 millones de pesos. Hasta ahora, las respuestas han sido escasas y dejan más dudas que certezas.

De no reabrirse la planta de destilación, se seguirá mintiendo cuando se diga que el Ron Viejo de Caldas es "destilado con las aguas más puras emanadas de manantiales de los bosques de la Cordillera de los Andes". Salvo tal vez, que al mencionar la cordillera de los Andes, el Gobernador y los directivos de la Licorera se refieran a las aguas de Bolivia, país de donde ya se importa el alcohol para la producción de aguardiente y de donde también se pretende traer el alcohol tafias para producir el ron.

Los caldenses no podemos tolerar más tragos amargos en el manejo de la Licorera.