La noche del 19 de marzo del presente año se vio a Mauricio Cárdenas como pocas veces durante su labor en el Ministerio de Hacienda: carilargo, taciturno y enojado con los congresistas. Su reacción se dio a raíz de la decisión de las comisiones económicas del Senado de tumbar los artículos relacionados con el sector de licores del Plan Nacional de Desarrollo. Ante esta derrota, el Gobierno Nacional en lugar de dar un paso al costado y atender los reclamos de trabajadores y gerentes de las industrias licoreras y de los gobernadores que se opusieron a la inconveniente modificación del sector, se apresta a reeditar los errores cometidos en ese trámite. 
Sin consulta previa al gremio y ad portas de finalizar el año, el ministro Cárdenas, de Hacienda, y la ministra Álvarez, de Comercio, -por orden de Santos- enviaron con mensaje de urgencia al Congreso un proyecto de ley que recoge los elementos que se pensaban incluir en el Plan de Desarrollo. El gobierno nuevamente pretende desmontar el monopolio de los licores que posee el Estado con el fin de permitir que los privados puedan producir, comercializar y distribuir licores, dejando a un lado la finalidad social de las industrias licoreras departamentales que, entre otros tributos, le aportaron al sector salud 3,2 billones de pesos entre 2003 y 2013, mientras los licores extranjeros apenas contribuyeron con 300.000 millones. 
Imponiendo requisitos laxos, tiempos exprés y condiciones absolutamente desfavorables para las rentas departamentales, a través del proyecto de ley el gobierno pretende que cualquier particular (nacional o extranjero) pueda producir, introducir o comercializar licores simplemente realizándole una petición al gobernador, que debe ser estudiada y respondida en un plazo máximo de 30 días. Además, el contrato del privado tendrá una duración como mínimo de 5 años y máximo de 20 años, lo que constituye una medida altamente irresponsable ya que se amarraría a los departamentos a no ejercer el monopolio de licores por un lapso muy amplio. El proyecto también intenta igualar los impuestos de los licores de todos los grados alcoholimétricos con lo que seguramente saldrán beneficiados los importados. 
Detrás del proyecto, nuevamente se encuentra el afán del gobierno de adecuar la vida nacional al dictamen de los TLC de Estados Unidos y Europa y a los estándares de la OCDE. No hay que olvidarse que meses atrás, Matthias Jorgensen, jefe de la Unidad para América Latina de la Dirección de la Comisión Europea, le ordenó al gobierno colombiano cumplir los acuerdos vigentes, garantizando la reducción de los impuestos a los licores extranjeros y desmontando el monopolio estatal en este sector. Esto se suma a las 6 “recomendaciones” que le hizo la OCDE al gobierno nacional ya que supuestamente “se sigue discriminando entre los licores importados y los licores producidos localmente [y] una disminución en el impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas importadas en Colombia podría aumentar los ingresos fiscales del gobierno por la venta de licores” (Estudio sobre la apertura comercial de Colombia, OCDE 2014). 
El monopolio estatal sobre los licores se mantiene en diferentes países del mundo como forma de aprovechar económicamente un sector que deja grandes dividendos y con el objetivo de que exista una mayor destinación presupuestal hacia el gasto social: educación, salud, deporte, recreación, cultura, etc. El Salvador y Costa Rica mantienen el monopolio sobre la producción de licores destilados, y países como Suecia, Finlandia y Noruega, conservan estrictos controles sobre la importación y comercialización de licores, tanto así que han mantenido estas actividades en control de empresas estatales (Systembolaget en Suecia, Vinmonopolet en Noruega y Alko en Finlandia). En el caso de Finlandia, la principal productora de licores es Altia, una empresa de propiedad de la nación, que emplea a 987 personas directamente y que obtuvo ganancias en 2012 por 29 millones de euros (93.000 millones de pesos). 
Mantener vivas las licoreras departamentales debe ser nuevamente una tarea nacional que convoque a todos los sectores de la sociedad. Defender a las licoreras es defender el patrimonio público de todos los colombianos.