El Concejo de Manizales aprobó por mayoría el Plan de Desarrollo 2016-2019, en el cual se incluyeron 7 artículos que le otorgan poderes al Alcalde para definir la estructura orgánica de la administración municipal y para manejar los recursos públicos de la ciudad como él defina.
El Alcalde Octavio Cardona quedó facultado por 6 meses para reestructurar la planta de personal de la administración y para crear o suprimir empresas públicas, y para modificar el presupuesto municipal de 2016, celebrar contratos-plan, realizar contratos de empréstito hasta por 13.789 millones de pesos, establecer alianzas público-privadas y efectuar operaciones presupuestales hasta el final de su mandato. Es decir, ha obtenido vía libre en todo lo relacionado con los empleos, la contratación y los recursos.
Desafortunadamente, ni el Alcalde ni el Concejo innovan. La cesión de facultades de los órganos legislativos al ejecutivo y el manejo de lo público mediante las normas y características del régimen privado se están volviendo la constante en las administraciones del país. Se señala que es simple cuestión de eficiencia, eficacia y sostenibilidad pero en la práctica lo que se busca es evadir el control político y poner las acciones de los servidores públicos por fuera del radar de los organismos de inspección y de la misma ciudadanía. Hay que recordar que hace apenas un año en Medellín se dio un debate similar por las facultades que el concejo de esta ciudad le otorgó a Aníbal Gaviria para que tomara control pleno del conglomerado público, cuyo patrimonio es de 33 billones de pesos y está integrado por 46 entidades y 67.000 empleados. Y no sobra rememorar que con las facultades extraordinarias que el Congreso de la República le otorgó, el ex-presidente Uribe liquidó 23 entidades públicas, fusionó 7 ministerios y escindió Ecopetrol con lo que se inició su progresivo proceso de privatización.
Decisiones como estas le rompen el espinazo al estado de derecho y a la propia democracia. Se anula la división de poderes mediante la cual se imponen límites y controles a los gobernantes, se violenta el principio de representación que permite que los ciudadanos elijan personas independientes al gobierno y se sustituye el modelo de pesos y contrapesos por un sistema basado en la libre acción y decisión del gobernante.
Al transferirle al Alcalde 4 de las 9 funciones que la Constitución Política le asigna a los Concejos Municipales, el concejal animalista, el corporado vitalicio y la mayoría de miembros de esta corporación lesionan de gravedad el debate democrático y desconocen el mandato de sus electores que con sobradas razones les reclaman que ejerzan sus labores o de lo contrario renuncien a sus cargos.
En los imperios chino, persa, turco y árabe, entre otros, se institucionalizó la costumbre de que los emperadores convirtieran a hombres en eunucos con el propósito de cuidar a sus mujeres ya que no representaban ninguna amenaza sexual. En la discusión actual, la castración no ha sido impuesta sino voluntaria y la afectación será colectiva. Estamos frente a servidores públicos que aceptaron mutilar sus competencias y con ello admiten que a la hora de buscar votos son mayores de edad pero cuando se trata de cumplir las funciones esenciales de su cargo carecen de esa mayoría.
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015