El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó en el Congreso de la República la reforma tributaria número 14 desde 1990, periodo en el que los gobiernos han adecuado la vida de la nación a un modelo económico basado en el libre comercio y la inversión extranjera. 
La creciente deuda pública, la profundización del déficit fiscal como consecuencia de la disminución del precio de las materias primas (en las que nos han especializado) y el afán de Santos por acatar las órdenes de potencias y trasnacionales para que incluyan a Colombia en la OCDE, son los factores que impulsan la actual reforma. 
Uno de los aspectos centrales de la reforma, y el que sin lugar a dudas generará mayor recaudo, será el incremento del IVA del 16% al 19%. El gobierno aspira que los aumentos en este rubro y en el impuesto al consumo generen un recaudo adicional en 2017 de $8,1 billones de pesos, incrementándose paulatinamente hasta el 2022, año en el que esperan ingresos extras por $13,8 billones de pesos. 
De acuerdo a Fedesarrollo (2014), hoy en Colombia los impuestos indirectos significan más de la mitad del total del recaudo, estructura contraria a la de los países desarrollados, en donde los tributos directos, como el impuesto a la renta, al patrimonio o a las sociedades, significan más del 60% del recaudo general. La desigualdad del IVA consiste en que es un impuesto que grava a todas las personas por igual, independientemente de su actividad o ingresos, por lo que tiende a incrementar las brechas sociales, como lo advirtió el economista francés Thomas Piketty en su visita a Colombia a inicios de año. 
Por su evidente regresividad, Santos y Cárdenas han apelado a falsedades para justificar este incremento, señalando que en Colombia se cobra una tasa inferior a la de los países de la región y por eso hay que aumentar la tasa general del IVA. La tasa promedio en Latinoamérica es del 15% e incluso países miembros de la OCDE, como Australia, Japón, Suiza, Canadá y Estados Unidos pagan porcentajes menores: 10%, 8%, 8%, 5% y una tasa máxima del 12%, respectivamente. En plata blanca lo que se propone con la reforma es que los colombianos paguemos tasas similares a las de Alemania (19%) o Reino Unido (20%), países en los que sus ciudadanos perciben ingresos anuales superiores a los US$40.000 dólares, mientras los nuestros apenas superan los US$6.000 dólares cada año. 
Lo que ocultan el Presidente y el Ministro es que la regresividad del impuesto afectará a los más pobres. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el 20% de los colombianos más pobres gasta el 12,1% de sus ingresos en IVA, mientras el 20% más rico gasta apenas el 5,3%, es decir, que las personas de menos recursos invierten más del doble en este impuesto comparados con los que tienen mejor condición económica. Asimismo, el impacto sobre la canasta familiar se sentirá con dureza, ya que más de 100 productos de los 181 que la componen, están gravados actualmente con IVA, con lo cual los menos pudientes se verán afectados, toda vez que el 10% de colombianos con menos recursos invierte el 37% de sus ingresos en alimentos, de acuerdo al profesor Jorge Enrique Espitia (2012).
El aumento del IVA es una medida dirigida contra las clases medias y bajas, y contrario a resolver la desigualdad en Colombia, esa sí estructural, la profundizará. Santos y Cárdenas siguen haciendo méritos para graduarse como los mayores enemigos de los colombianos, que con plena justicia, están convocando protestas y movilizaciones contra esta pésima reforma.