Frente al enredo o perplejidad en que está sumida la justicia, el señor Fiscal que, por fuera de sus funciones, de todo habla: Ordena investigar, luego se declara impedido, para, a continuación opinar y, como otros muchos más, pide la renuncia y define: "Pretelt no puede derrumbar el edificio de la Justicia" y, en principio tiene razón, Él solo, no. Pero con la ayuda que le están dando los demás, magistrados, el Congreso, el fiscal y los ministros sí.

Desde luego, el hecho es grave en sí mismo, hablamos de corrupción, pero deviene en gravísimo por las partes involucradas. En principio, la prueba en la que se apoyaba la noticia parecía insuficiente: La manifestación del abogado Pacheco, según la cual el magistrado Jorge Pretelt había pedido quinientos millones, para lograr una ponencia favorable en la revisión a la tutela que Fidupetrol formuló en contra de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Es poca cosa una declaración extraproceso frente a la evidencia de que la tutela fue fallada por unanimidad en contra de Fidupetrol. La grabación que sin autorización efectuó el también magistrado Luis Ernesto Vargas, no le quita el carácter de testimonio extraprocesal. De antes, cuando yo ejercía, incluso como profesor universitario de "Derecho probatorio", tengo claro que, una grabación magnetofónica es una prueba documental con enormes dificultades para su validez, especialmente en cuanto su autenticidad y legalidad, puesto que se hizo sin autorización. (A mí me parece muy pobre la tesis de que el magistrado Vargas, para la época Presidente de la Corte Constitucional, lo hacía en su condición de víctima, pues en el testimonio grabado no se le menciona y, no se diga que lo hacía en defensa de la justicia o de la Corte, porque en lugar de hacerlo, con su proceder, antes les causa daño. Cualquier duda, queda además saldada cuando el autor de la grabación no la entrega al funcionario que deba investigar, sino que se la guarda con otros fines, al parecer impedir la elección de Pretelt como presidente de la Corte Constitucional). La ratificación del Dr. Pacheco, que no legaliza la grabación, ni limpia la conducta de quienes sabiendo no actuaron oportunamente, deja la prueba en la condición de simple testimonio.

Sin embargo, la reacción en cadena, para pedir la renuncia del Presidente de la Corte Constitucional, me parece exagerada. ¿Qué lleva al Sr. ministro de Justicia, a los presidentes de las demás Altas Cortes y, a los ocho magistrados restantes de la Corte Constitucional, Juristas avezados, algunos con la misión de proteger la Constitución y por lo tanto el debido proceso y la presunción de inocencia, a deducir que con la renuncia se zanja el asunto? Cómo así que los magistrados de la Corte Constitucional se atreven a manifestar que dejarán de reunirse si la renuncia no se presenta, en una franca y directa dejación de funciones. La renuncia es del fuero personal y cualquier amenaza es un abuso y, desde luego, persecución.

Conmueve y entristece comprobar que frente al primer denuncio, sin que mediara todavía la grabación y mucho menos otros viejos asuntos que el fiscal Montealegre se apresuró a desempolvar, el pueblo, la ciudadanía en general dio por cierto el cometimiento de un delito, cuando era dable esperar al menos la duda, dada la condición que tienen los protagonistas. Ocurre que, a este último hecho le anteceden una serie de acontecimientos que han terminado por minar el buen nombre del que gozaban las altas cortes: Los paseos con todo incluido patrocinados por Asencio, los regalos de Giorgio Sale, las demoras injustificadas en los nombramientos del Fiscal General, de dignatarios y magistrados, la demora en fallar, el cabildeo, la puerta giratoria, el carrusel de nombramientos, los paseos en barco a cargo de subalternos, el empleo indebido de las dignidades y de bienes puestos a su servicio y el aprovechamiento del puesto para emplear familiares y afines. Estamos pues frente a la gota que llenó el vaso.

En el estado actual del asunto, con la crispación y las miradas puestas en la Corte y en la justicia, es evidente que el magistrado Jorge Pretelt no se puede quedar. ¿Por qué negarle entonces la licencia, cuando con ella se concilian los extremos del dilema, se retira de sus funciones el magistrado directamente denunciado y no se vulnera el debido proceso?

La Constituyente y por consecuencia la Constitución de 1991, asumieron que, para garantizar la pureza en la elección de los órganos de control, lo mejor era dárselas a las entidades de la rama (la del Registrador a los Presidentes), para que estuvieran libres de intereses políticos. Lo que ocurrió fue lo contrario, el poder corrompió la justicia. También que el Senado nombre la Corte Constitucional y el Congreso la Sala Disciplinaria del C.S. de la Judicatura y, éste los magistrados y consejeros, por este camino la política se enquista en la administración de justicia. En la ley de de equilibrio de poderes ¿A dónde irá este poder?