Sanciones para funcionarios de la Gobernación de Mario Aristizábal

UNIDAD INVESTIGATIVA| LA PATRIA

2 exgerentes de Inficaldas, 5 exsecretarios de la Gobernación, 2 exservidores financieros de Inficaldas, un exjefe jurídico de esa misma entidad y un particular recibieron sanciones de primera instancia de la Procuraduría Regional de Caldas. La decisión obedece al caso de préstamos irregulares y reestructuraciones de deudas por más de 1.500 millones de pesos que recibió la Clínica Manizales del banco de segundo piso del departamento.

La investigación, iniciada a partir de denuncias publicadas en el 2009 por LA PATRIA, arrojó que los exservidores públicos cometieron faltas gravísimas a título de culpa o de manera culposa en hechos ocurridos durante la administración de Mario Aristizábal (2008-2011). La base de las actuaciones irregulares empieza el 18 de abril del 2008, cuando el Consejo Directivo de Inficaldas aprobó un primer crédito para la Clínica Manizales (privada) por 550 millones de pesos. El 14 de mayo de ese mismo año se otorgó un segundo préstamo por 1.000 millones de pesos.

Según verificó el ente de control, en ambos casos los dineros fueron desembolsados sin garantías para Infi. En el préstamo de 550 millones se dieron en prenda (pignoración) los recursos provenientes de un contrato del 25 de febrero del 2008 por 1.100 millones de la clínica con la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), pero "no hubo gestión alguna por parte de la Clínica Manizales o de Inficaldas para que la DTSC se comprometiera a entregar a Inficaldas, bajo la modalidad de pignoración, los recursos provenientes de ese contrato".

La resolución agrega que la administración de Infi era consciente de los problemas financieros que tenía la Clínica Manizales y que pudieron evidenciarse otros en el flujo de efectivo real si se hubiera hecho un análisis cuidadoso, como lo indica la normatividad. Sin embargo, se procedió a entregar los dineros sin mayores precauciones.

Sin respaldo fuerte

La segunda parte del entuerto llega el 7 mayo del 2009, cuando Infi concede la reestructuración de la deuda sin que la empresa de salud cancelara las obligaciones contraídas hasta esa fecha. No se daban las condiciones económicas para que pudiera ser reestructurada con base en otros contratos de la clínica con la DTSC, que sirvieron de garantía, ya que estos estaban afectados por condiciones de baja liquidez y concentración del endeudamiento de la DTSC. Por lo tanto era débil el respaldo que ofrecía la clínica.

En noviembre del 2010 la Procuraduría dictó cargos contra los implicados.

Los sancionados

La inobservancia del marco normativo para ese tipo de procesos financieros, así como la omisión de normas de carácter contable pusieron "en peligro el patrimonio del Estado", lo que llevó a la imposición de sanciones de la Procuraduría. Los afectados con las medidas disciplinarias tuvieron que ver con los hechos al hacer parte directa de Infi o al participar en sus consejos directivos, en nombre propio o en representación del exgobernador Mario Aristizábal.

LA PATRIA conoció, en exclusiva, las penas disciplinarias contra los implicados, algunos de los cuales hoy trabajan en el sector público; son ellos: Jorge Iván López Iglesias, exgerente de Infi; Uriel Alberto Sepúlveda Abdalá, exgerente de Infi; Pedro Javier Misas Hurtado, exsecretario de Planeación, quien actuó en remplazo del Gobernador cuando se aprobaron los créditos; María Ofelia Valencia Buitrago, exjefe de la oficina Jurídica de Infi; Viviana Patricia Martínez Gómez, exsecretaria de Planeación; René Alejandro Rozo Albarracín, exjefe de la oficina Financiera de Infi; Patricia Elena Cárdenas Atehortúa, exsecretaria de Hacienda; Henry Murillo Arboleda, exsecretario de Gobierno; Jhon Jairo Gómez Cardona, exsecretario de Planeación encargado; Mauricio Velásquez Meza, exasesor Financiero de Infi; y Roberto Calderón Uribe, miembro (particular en nombre de los gremios) del Consejo Directivo de Infi.

"Estoy mirando con mi abogado qué es lo que vamos a hacer. Ya fui notificado y estamos pensando en la apelación a la cual tenemos derecho", declaró Pedro Javier Misas, sancionado con destitución en el ejercicio del cargo e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de 10 años. El apoderado de Patricia Elena Cárdenas, Carlos Tadeo Giraldo, dijo que en su concepto no se le respetó el derecho de defensa y que ya está elaborando la apelación correspondiente.

Al ser una sanción de primera instancia, todos los implicados tienen derecho a acudir al recurso de apelación. En ese caso, sería la Procuraduría General de la Nación, división de Economía y Hacienda Pública, la que tendría la última palabra.

La norma

La Ley 734 del 2002, en su artículo 48, numeral 27, define como falta gravísima efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no garanticen, necesariamente y en orden de precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado. Con base en esta ley actuó la Procuraduría Regional de Caldas para dictar las 11 sanciones disciplinarias.

Otros

* René Alejandro Rozo Albarracín, exjefe de la oficina Financiera de Inficaldas. Destitución en el ejercicio del cargo e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de 10 años.

* María Ofelia Valencia Buitrago, exjefe de la oficina Jurídica de Inficaldas. Destitución en el ejercicio del cargo e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de 10 años.