Helmer González
LA PATRIA | Manizales
Llegó el momento de darle reconocimiento social a las víctimas como parte de su reparación, sin ignorarlas ni estigmatizarlas. Hay que hacer pedagogía social para lograr la inclusión de las personas afectadas por el conflicto armado interno en Colombia.
Sobre estos aspectos habló Diego Fernando Sevilla Cortés, director de la Escuela de Reparaciones de la Unidad Nacional de Víctimas, ayer en la ESAP Territoral Caldas, durante un foro en el que fue notoria la presencia de uniformados de la Policía.
El funcionario hizo énfasis en la definición de víctima. Señaló que se trata de aquella persona o grupo, que por acción u omisión del Estado fue excluido del pacto mínimo de ciudadanía.
En el país hay 6 millones 700 mil víctimas, de las cuales 84 mil están registradas en Caldas y han denunciado 98 mil hechos. Solo el año pasado en el Eje Cafetero se atendieron a 44 mil 218 víctimas, que presentaron 102 mil 941 solicitudes de atención y reparación.
"Hay un deber de la sociedad de generar la inclusión y por ser social nos atañe a todos", dijo el director de la Escuela de Reparaciones y agregó que las víctimas son sobrevivientes y que no han salido adelante por lo que les ha sucedido.
El tema surgió con mayor fuerza al hablar del proceso de paz en La Habana y del posconflicto, sin desconocer las normas que existen (ver recuadro Las normas). Además, en la actualidad los avances en Derechos Humanos y DIH obligan a las partes en conflicto a incluir a las víctimas en los acuerdos de paz.
"Colombia todavía no reconoce qué es el conflicto, sus secuelas y consecuencias. El campo lo ha vivido, pero la persona de la ciudad no y lo puede hasta ignorar por momentos", anotó.
Otro aspecto en el que llamó la atención fue en la magnitud del problema. "Tenemos registradas 6 millones 700 mil víctimas y contando. Mientras estamos hablando de conflicto se están presentando nuevas violaciones a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario", anotó.
Sin embargo, destacó que pese a que el conflicto sigue, el país de manera simultánea adelanta procesos de justicia transicional, que implica reparaciones. El modelo es diferente a otras negociaciones de paz, en las cuales se firmó primero el acuerdo y luego se aplicó justicia.
"Estamos siendo pioneros y reparando en medio del conflicto. En Colombia la reparación administrativa tiene más resultados que en Argentina y Chile. En Salvador y Guatemala no hay", concluyó.
Cronología de las principales normas expedidas para el reconocimiento de las víctimas:
*Ley 418 de 1997: ley de orden público como marco normativo para víctimas de grupos armados organizados al margen de la ley.
Consecuencia: no se reconocían víctimas de agentes del Estado.
* Ley 387 de 1997: Medidas para la atención del desplazado, protección, consolidación y estabilización socioeconómica.
Consecuencia: Generó división de la condición de víctima.
* Ley 975 de 2005: Se trata de una reparación judicial en la que un juez es el que decide el monto económico. Hay que demostrar con nombre e identidad quién fue el causante.
Consecuencia: muchas víctimas se quedaron sin reconocimiento.
* Decreto 1290 del 2008, reglamentario de la Ley 975: Por primera vez se habla de la reparación administrativa e integral, y de que hay otras medidas como la restitución (tierras, empleo, crédito y vivienda), rehabilitación (física y psicosocial), indemnización, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Incluyó como víctimas a civiles y miembros de la Fuerza Pública.
Consecuencia: no se cumplió la reparación integral, sino que se quedó en lo económico.
* Ley 1448 del 2012: Atención, asistencia y reparación. Se eliminó la segmentación de víctimas y se estableció que son quienes hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al DIH, debido al conflicto armado interno. Las víctimas pueden ser individuales o colectivas, no solo de grupos armados ilegales, sino de agentes del Estado.
Consecuencias: aún está en desarrollo.
Las 6 millones 700 mil víctimas en Colombia son el 13% de la población y equivalen a los habitantes de Costa Rica y Panamá juntos.
En el foro se planteó la necesidad llevar el conocimiento sobre conflicto y reconocimiento de las víctimas a los currículos de las instituciones educativas.
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