Interpretación, el reto en materia administrativa

Helmer González

LA PATRIA | Manizales

La adaptación al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sumado al Código General del Proceso, trajo retos que hasta ahora parecen insalvables para los jueces, sobre todo en la interpretación a la hora de administrar justicia.

Para buscar claridades se realizan encuentros regionales a los que asisten los magistrados del Consejo de Estado. El pasado viernes le correspondió a los departamentos de Risaralda, Quindío, Antioquia y Caldas, expresar las inquietudes y escuchar a los representantes del máximo tribunal. La convocatoria tuvo lugar en la Universidad de Manizales como organizadora del evento con el Tribunal Administrativo de Caldas y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Temas como las nuevas tecnologías, la unificación de jurisprudencia y la oralidad, entre otros, fueron expuestos frente al auditorio que se congregó en el aula máxima.

William Zambrano Cetina habló acerca de los retos y oportunidades de las normas. Sobre el acto académico dijo: "Este es un ejercicio provechoso, porque permite que en la práctica los operadores jurídicos identifiquen las dificultades y vacíos de interpretación y contribuyan a que toda la jurisdicción encuentre soluciones".

Ventajas

El consejero de Estado destacó que la norma produjo una transformación en la relación entre ciudadanos y la administración. La Ley 1437 tiene como principal objetivo acercar las personas a la administración, asegurar la eficacia y garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos.

"Al lado de ese objetivo también existía la preocupación porque se entendiera que todos somos defensores de la Constitución. Lo es la administración publica en primer lugar; el servidor está para responder a las necesidades de la sociedad y no es solo al juez al que le corresponde hacer cumplir los derechos".

En relación con la jurisdicción contencioso administrativa se busca agilidad y para eso se implementaron unas herramientas.

El cambio cultural

Zambrano Cetina indicó: "Las nuevas normas comportan un cambio cultural, no solo normativo. Hay un cambio en el entendimiento que se tenía del papel el juez que hoy es más activo".

En el nuevo escenario el juez debe ser la última instancia, cuando se vea que no es posible aplicar las normas y se vuelve necesario que la actuación la dirima la jurisdicción. Es en ese punto en donde surgen las principales dificultades, por la interpretación.

En este sentido basó su exposición el consejero al abordar la unificación de jurisprudencia. "El nuevo código establece un mecanismo específico para garantizar y colaborar en la tarea de los servidores públicos, que son las sentencias de unificación jurisprudencial y el mecanismo de extensión de jurisprudencia". Esa labor recae en el Consejo de Estado. La respuesta del tribunal ha sido la publicación de ocho sentencias.

"Es necesario que se respete el principio de igualdad, no tiene sentido que una persona ante los mismos hechos obtenga en el poder judicial respuestas distintas.

Se necesita que la respuesta del aparato de justicia sea la misma por el elemental principio de igualdad", recalcó.

Destacó que entender la eficacia de la jurisprudencia como elemento orientador implica un cambio para la jurisdicción y los ciudadanos. De igual manera resalta la importancia de las nuevas tecnologías para responder a la necesidad de acceso a la justicia.

Los litigantes

Los abogados litigantes como un componente trascendental de los procesos también necesitan un cambio. "Antes entendía que todo era lento y que había que esperar hasta el último momento para sacar el as de la manga, que era cuando había que comenzar a argumentar".

Zambrano Cetina indicó que el litigante hoy tiene que saber que el proceso contencioso administrativo es distinto, que se puede ganar o perder desde los primeros momentos.

"Hay unos mecanismos de oralidad que se introducen en el procedimiento tradicionalmente escrito. Hay una audiencia inicial que es elemento central para el éxito o fracaso de la pretensión de un demandante".

Advirtió que si los abogados no son conscientes de que la jurisdicción cambió de manera sustancial, que hay medidas cautelares muy importantes en manos de los jueces, que hay una transformación de las etapas del proceso, seguramente tendrán sorpresas desagradables.

Tienen que aplicar la lógica de buena fe procesal, no esperar hasta ultimo momento para argumentar sino hacerlo ante el juez. También debe tener en cuenta que antes del juez existen los mecanismos del libro primero del código, que puede aprovechar.

Descongestión

Entre los resultados del CPACA algunas regiones han logrado bajar de dos años a seis meses el tiempo para resolver procesos, comentó el consejero de Estado, William Zambrano Cetina.

Medidas cautelares

Las medidas cautelares son poderes que le otorgó el código a los jueces administrativos. Poderes que se advierte deben usar con responsabilidad, pero les permite garantizar la eficacia de los derechos y sobre todo asegurar que los procesos terminen con sentencias de mérito.

Aplicación en Caldas

El magistrado Jairo Ángel Gómez Peña, presidente del Tribunal Administrativo de Caldas, señaló que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso se rompen muchos esquemas que se establecieron en 1984.

"El cambio es trascendental, profundo y atiende a la búsqueda de una justicia mucho más ágil. Sin embargo, en la práctica comporta dificultades prácticas que ha llevado en oportunidades a distintos tipos de interpretaciones y distintas aplicaciones de la normativa".

La oportunidad que brinda el nuevo código de dictar sentencia en la primera audiencia en temas que por su complejidad implican diferencias de conceptos de los jueces, no lo considera conveniente ni indicado.

Sin embargo, las dificultades más grandes que enfrentan los despachos en Caldas son los volúmenes de procesos. "Cada despacho de juzgado administrativo está por encima de los 300 procesos y a la luz del nuevo código resulta difícil porque se necesita agendar audiencias y contar con el Ministerio Público", anotó.

En Caldas operan 10 jueces administrativos, cuatro en propiedad y seis de descongestión.