El chance, aún dolor de cabeza para exgobernador de Caldas

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La supuesta ilegalidad en la rebaja de las transferencias para la salud en Caldas, con la concesión del chance a Susuerte, siguen siendo dolor de cabeza para Mario Aristizábal, tres años después de ser suspendido del cargo de gobernador.

LA PATRIA | Manizales

La Contraloría General de la República sigue empañada en que el departamento de Caldas recupere los $9 mil 323 millones de un presunto detrimento patrimonial por recorte de las transferencias del chance. Por el caso la entidad abrió un proceso de responsabilidad fiscal, en abril del 2011, contra el entonces gobernador Mario Aristizábal y otros de sus funcionarios.
El segundo paso, luego de comenzar el proceso, se dio a mediados de septiembre del 2011, cuando la contralora Sandra Morelli dispuso la suspensión de Aristizábal para que dada su vinculación como presunto responsable no se afectaran las investigaciones.
Ayer, el organismo de control avanzó con la llamada imputación solidaria, que además de Aristizábal compromete a cuatro funcionarios de su despacho: el
exgerente de la Empresa Departamental para la Salud (Edsa), Adolfo León Mejía; la secretaria Privada, María del Pilar Joves; el secretario de Hacienda, Javier Misas, y la directora de la Dirección Territorial de Salud, Martha Isabel Valencia.
También quedan para la imputación la empresa Susuerte, representada legalmente por Jhon Alexander Quintero; a Juan Carlos Sánchez en su calidad de superintendente delegado para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud (E) de la Superintendencia Nacional de Salud, y a Pablo Uribe Salazar, miembro de la junta directiva de Edsa como representante de Fasecolda.
En el 2011 Aristizábal respondió: "La decisión de la Contraloría no es oportuna, idónea y carece de toda solidez y en general de los presupuestos procesales para su aplicación".

Desvinculados
Así mismo, la CGR decidió desvincular de este proceso de responsabilidad fiscal a los supervisores del contrato de concesión de chance de 2006, Hernán Marín Torres y María Yesmith González.
En el 2011 la Contraloría dijo que las transferencias por chance en Caldas debieron llevar a la salud alrededor de $50 mil millones. Sin embargo, se mermaron en $9.231 millones por la suscripción de un otro sí que se firmó en enero de 2009, en el mandato de Aristizábal.
Agregó que igual se produjo una disminución en los gastos de administración de Edsa por $92 millones de pesos.
En todo caso el principal objetivo de la Contraloría es la determinación de la responsabilidad fiscal, con el fin de recuperar los dineros sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público.

Pero sigue
En mayo pasado la Procuraduría General de la Nación revocó en fallo definitivo la providencia del 6 de enero de 2012, en la que el mismo ente de control, en primera instancia, declaró disciplinariamente responsable a  Aristizábal por el mismo caso que hoy centra la atención de la Contraloría.
Se recuerda que el exmandatario de Caldas fue cuestionado disciplinariamente en relación con un contrato con la empresa Susuerte. Por esta razón se le impuso una canción inicial consistente en destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos y funciones públicas por 10 años.
Luego de la apelación al fallo y tras dos años y cuatro meses Aristizábal  fue eximido de responsabilidad. Ante esta decisión dijo: "Siempre actuamos de buena fe. En el caso de Susuerte lo hicimos con base en directrices de la Superintendencia de Salud. Desafortunadamente la suspensión fue un golpe muy grande para mí y mi familia. Además, siempre fue una persecución para mi administración... El fallo fue contundente, serio y responsable".
Sin embargo, aún está pendiente de otras decisiones de la Procuraduría por hechos durante su administración (2008-septiembre del 2011). Y ahora deberá responder ante el señalamiento de la Contraloría.

Procesos penales
El exgobernador de Caldas Mario Aristizábal ha enfrentado en los últimos años varios procesos penales, además de los disciplinarios y fiscales de otros entes de control.
El más sonado fue el caso de las declaraciones del exparamilitar Ernesto Báez, quien lo vinculó como beneficiario de las acciones del bloque Cacique Pipintá que delinquía en Caldas.
De igual manera, se destacan investigaciones, algunas archivadas, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, delitos contra la administración pública, tráfico de influencias y prevaricato por acción.

*4 de febrero del 2011
Investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el manejo de los estados financieros y en el desembolso de anticipos por utilidades de la Industria Licorera de Caldas al Departamento. El último trámite que cursó fue el pasado 26 de septiembre del 2013 en pruebas de descargos.

*10 de marzo del 2010
Para proferir fallo en primera instancia de posible inhabilidad para ejercer cargo público.

* 11 de febrero del 2011
Investigación disciplinaria para revisar los procesos contractuales realizados por Aeropalestina o Aerocafé, específicamente los concernientes a los terraplenes 8, 9, y 10.