LA PATRIA | MANIZALES
"Josué Giraldo Cardona fue una persona muy importante para el Meta", expresó Santiago Llanos, del Grupo de trabajo de requerimientos administrativos y judiciales del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Hablar de este pensilvanense, nacido el 27 de agosto de 1959, en una familia de 18 hijos, es rememorar a un incansable defensor de los derechos humanos.
A Giraldo Cardona lo asesinaron los paramilitares el 13 de octubre de 1996, en Villavicencio (Meta), en presencia de sus dos pequeñas hijas de tres y cinco años de edad. Había llegado a ese municipio, tras sobrevivir a un atentado en su natal Pensilvania. Se convirtió en el presidente del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta. "Josué, quien también hizo parte de la Unión Patriótica, investigó cómo era la situación de los DDHH y qué grupos armados había. Por eso lo asesinaron", relató Santiago.
Por eso, como parte de una sentencia del Consejo de Estado por la muerte del caldense, el CNMH organizó la exposición "Galopando en la Memoria: Meta, derechos humanos y construcción de paz", que se inauguró el pasado sábado en la Cámara de Comercio de Villavicencio. Estará allí hasta marzo y luegos se trasladará a Bogotá y Medellín.
La decisión judicial condenó al Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (antiguo DAS) y a la Policía ante la omisión en la seguridad, que llevó a muerte de Giraldo Cardona. También ordenó una indemnización.
"La exposición se logra tras año y medio de trabajo y la articulación de 13 instituciones. Es una cronología de la violencia en el Meta con la explicación de los fenómenos sociales, políticos, económicos y lo que fue la participación de los actores armados en el departamento. Va acompañada de la presentación de las distintas organizaciones que se crearon para hacer frente a la violencia que se vivía en los territorios", añadió el CNMH.
La sentencia también establece un concurso con las mejores tesis sobre derechos humanos y la UP, y un lugar de memoria sobre este último movimiento, en el Meta.
Josué intervino en el Parlamento Europeo, en febrero de 1996, para denunciar la estructuración y accionar del paramilitarismo en Colombia. Participó en el 51 y 52 períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) para pedir apoyo en la grave crisis humanitaria del país.
Según un relato que escribió el propio Josué (http://www.derechos.org), antes del primer atentado su papá le comunicó muy preocupado que su casa iba a ser allanada. "Le dije que no intentara impedirlo, que lo hicieran cuanto antes para que se dieran cuenta que nada ocultábamos, que no teníamos nexo alguno con organización subversiva. Nosotros no conspirábamos, ni de palabra ni en pensamiento, le apostábamos de corazón a la democracia".
Añadió que ya había un plan para matarlo, del que se enteró ocho días antes del atentado.
"Dos de los que participaban en el grupo de sicarios eran conocidos míos desde pequeños y me lo advirtieron. Me dijeron incluso que, si les pagaba, ellos mismos asesinarían al que había dado la orden. Lo doloroso de todo este asunto es que el jefe de los sicarios fue un amigo de toda la vida, de niños jugábamos juntos. Con anterioridad la Policía había comenzado a hostigarme, me seguían por donde iba".
Ese 13 de mayo de 1987 le hicieron varios disparos y estuvo a punto de morir. Permaneció un mes hospitalizado y en julio de ese año terminó en un hospital de Moscú. En ese diciembre regresó a Bogotá.
"La dirección de la UP me propuso instalarme en Urabá, Huila o Meta. Opté por el Meta porque me ofrecieron un cargo público como juez de ejecuciones fiscales. Ya habían matado, en 1986, a las figuras más importantes de la UP allá: el senador Pedro Nel Jiménez, el representante a la Cámara Octavio Vargas, entre otros".
Según su relato, durante los dos primeros años no pudo pasar bien una sola noche. Sentía un ruido y creía que iban por él. "Mi compromiso con la gente, el amarrarme a sus luchas fue acompañado de un proceso de enamoramiento paulatino de la región. Me parecía que la idea de irme de allí, con tantos compañeros muertos, era como dejar abandonadas sus memorias, las luchas por las que entregaron la vida. Me parecía una cobardía pensar en irme frente a las personas que aún sabiendo que las iban a matar no se resignaban, ni renunciaban a su lucha".
Allí conoció a su esposa y nacieron sus dos hijas.
"Cuando mi familia me plantea la posibilidad de la muerte, le respondo con el ejemplo de los 107 pasajeros de Avianca que fallecieron en vuelo al estallar una bomba que llevaba. Perecieron sin que tuviesen nada que ver con la defensa de los derechos humanos, ni estaban involucrados en una actividad política de oposición. El riesgo de morir en un atentado en Colombia es igual para cualquier ciudadano como para uno".
En enero de 1996 viajó a Pensilvania para saludar a sus padres. Allí le contaron que en Villavicencio se preparaba un atentado contra su vida y la del compañero Pedro Malagón, diputado de la Unión Patriótica.
Regresó días después, prevenido y asustado. Empezaron a rondar por su casa motos y carros sin placas. Lo seguían vehículos del Ejército. Se fue lasesinadaa ciudad y luego del país.
"Miedo, miedo sí siento, pero por mi familia, por mi esposa, por mis hijas. Es un miedo que no me permite dormir, el hecho que puedan poner una bomba en la casa, que puedan atentar contra mis niñas me hace desgraciado".
Finalmente, en octubre de ese año asesinaron al caldense. Le dispararon mientras jugaba con sus hijas en su residencia.
Desde 1993 denunció amenazas, la Policía y el DAS le brindaron seguridad, pero en el momento de su muerte estaba sin protección.
Por eso, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que este fue un crimen de lesa humanidad y "una afrenta al ejercicio de los derechos de oposición política que degrada la confianza que las personas deben tener en las instituciones del Estado".
"La necesidad de tender puentes hacia la justicia me llevaron a involucrarme en la defensa de los derechos humanos".
Josué Giraldo.
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