Desplazados, obligados a desalojar Las Granjas en Villamaría

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Nelly Rubio Bejarano vive con su familia, integrada por cinco menores y tres adultos, en un salón del Instituto Campestre Agropecuario de Villamaría, conocido popularmente por quienes lo habitan como Las Granjas. Allí conviven con los afectados del incendio en el 2010 en el barrio San Ana, de ese municipio.

"Antes le pagábamos arriendo a un señor, pero como se enfermaron los niños nos pasamos. Vivir acá es un infierno por los problemas de convivencia. A mi hija la han golpeado", expresa Nelly mientras carga en sus brazos a su nieta.

Ella vende mazamorra con su esposo en la semana. Viven en Las Granjas desde hace dos años, después de que la guerrilla los obligó a dejar la finca que tenían en Padua (Tolima), pero por segunda ocasión deben recoger sus pertenencias. A principios de abril de este año recibió una notificación de la Alcaldía en la que le indicaba que debía desalojar el lugar. Sin embrago, al acudir a la Defensoría del Pueblo, solamente le extendieron el plazo por un mes y un día.

"Fuimos a pedir ayuda a la Alcaldía y solo a nosotros nos mandó a desalojar", afirmó.

Dentro del salón de Nelly hay cuatro ollas grandes, una estufa y un cilindro de gas que separan dos camas de madera. Al preguntarle por qué solo ellos deben irse dijo que tal vez porque no alcanzaron al censo.

Ligia Arias Medina, damnificada del incendio, indicó que la zona está invadida de consumidores de drogas y que la Policía poco acude a Las Granjas.

Deben entregar

Jairo Antonio Valencia López, alcalde de Villamaría, manifestó que lo que sucede en Las Granjas viene desde la administración anterior. "El Departamento le entregó un comodato al Municipio para que funcionara el Sena, pero el alcalde pasado dejó meter familias y damnificados. Ahora el lugar está desmantelado", manifestó.

Agregó que debido a una acción popular deben devolverle Las Granjas al Departamento. Según él, en el lugar habitan 35 familias y con ayuda de la Comisaría de Familia y Desarrollo Social reubicaron a seis de ellas en el proyecto Villa Esperanza en donde se construyeron 75 viviendas.

Las familias restantes hacen parte de un estudio que están haciendo porque hay personas que sí necesitan vivienda y otros no porque cuentan con pensión.

Sobre el caso de Nelly, el mandatario aseguró que Manizales le dio el arrendamiento y que cuando llegó a Villamaría se hospedó en Las Granjas. "Lo que dice la acción popular es que no podemos seguir permitiendo que la gente invada Las Granjas porque es del Gobierno Departamental. Entonces la señora tiene que ser más clara porque instauró una tutela y la perdió y la tutela nos dice que tenemos que sacarla", explicó.

Añadió que según el seguimiento de la Secretaría de Gobierno, ella recibió ayudas del Gobierno Nacional por ser desplazada y que las ventas de la mazamorra son supuestamente de millón 200 mil pesos.

Proyecto de vivienda

Un habitante denunció que construirán 65 Viviendas de Interés Prioritario (VIP), pero que no serán para los damnificados de Las Granjas sino para habitantes de Manizales.

Al respecto, el alcalde dijo que ese proyecto lo presentó ante el Gobierno Nacional un ingeniero que compró un lote privado y que el proyecto fue aprobado para construir 65 viviendas para familias que perdieron sus casas durante la ola invernal del 2009 en Manizales.

"Estás familias tienen capacidad de ahorro, pero no son víctimas de la violencia o desplazados. Hay una mala comunicación. No es que estemos teniendo en cuenta a los habitantes de Manizales en vez de los de Villamaría. Es un proyecto diferente", puntualizó.

Aclaró que en Las Granjas el Gobierno Departamental adelanta la construcción de 120 apartamentos para personas desprotegidas y que mediante un oficio entregado al gobernador le solicitan que tenga en cuenta las familias que residen ahí.

Sin garantías

Álvaro Herando Jiménez, secretario de Vivienda de Caldas, explicó que los 120 viviendas gratuitas que edificarán, serán para personas desplazadas, damnificados en situación de riesgo y Red Unidos.

"No hay garantía de que vayan a estar incluidos. Este es un proyecto de la Gobernación y por una acción popular el alcalde debe entregar Las Granjas", enfatizó.