El Juzgado Tercero Administrativo de Manizales expidió el 18 de julio de este año un fallo con el que condenó al Municipio de Anserma a pagar $170 millones por haberles terminado el contrato a cuatro trabajadores que se vieron vinculados con esta decisión en la pasada Administración.
Ese despacho declaró la nulidad del Decreto 19 del 2012, con el que el exalcalde Jorge Iván Duque Cardona dio por terminados los nombramientos en provisionalidad que venían ocupando en su Administración las empleadas Oliva Gómez y Patricia Montoya, y los obreros José Édgar Londoño y Ómar Duque.
Sin sustento
El abogado Gabriel Darío Ríos asumió el caso, y en el 2014, a través de otros fallos, le ordenaron al Municipio el reintegro de Gómez y de Montoya. La primera no regresó a su cargo en la Tesorería, accedió a la pensión de jubilación y recibió una indemnización de $15 millones. Montoya, quien labora también en la Tesorería, fue indemnizada con $35 millones.
La sentencia argumenta que la única manera de haber sacado a estas personas, era haber provisto los cargos mediante concurso, situación que no se presentó. Además, ninguno tenía un proceso disciplinario en su contra. El exalcalde asegura que tiene cómo respaldar su proceder (ver recuadro).
Preocupados
Para cumplir el fallo del Juzgado Tercero, que ordenó reintegrar e indemnizar a Londoño y a Duque, el alcalde actual de Anserma, Jennier Betancur Calvo, expidió dos resoluciones el pasado 14 de septiembre. Tiene que pagarles los salarios que dejaron de percibir, desde su desvinculación hasta el momento del reintegro; así como las primas de servicios y de Navidad, y las prestaciones. Esto asciende a $62 millones para cada uno, es decir $120 millones.
En una conciliación, se acordó hacer un primer desembolso por el 50% el pasado 23 de septiembre, y el 50% restante se cancelará en febrero del 2017.
María Hilda Vélez, secretaria de Hacienda Municipal, expresó su preocupación por estas sentencias que afectan gravemente las finanzas. Suman $392 millones porque hay otra demanda de embargo por bonos pensionales que también deberá pagar la Alcaldía por $237 millones y una sanción por el cupo de un vehículo de transporte público que no se tramitó adecuadamente en la Secretaria de Tránsito y que le costará al Municipio $35 millones.
♦Carlos Mario Bedoya, de la U
“Era un problema que se veía venir. Cuando se ocasionaron estos hechos la administración consideró que no corría riesgo y que tenían la razón, a pesar de que se les advirtió. Le queda al Concejo con el alcalde buscar la manera de hacer el pago sin afectar a los ciudadanos. $170 millones es una suma alta, que el Municipio tiene que encarar. El alcalde saliente debe responder y que de su bolsillo reintegre este valor, fue el causante”.
♦Rubén Darío Echeverri, de la U
“Lo más preocupante es que el Municipio tendrá que sacar de sus recursos para indemnizar estas personas, al haberlas despedido, pienso yo, de manera arbitraria, pues en la demanda argumentaron que fue por persecución política. Veremos qué hace la Personería, toca establecer responsabilidades de la anterior administración”.
El exalcalde Jorge Iván Duque Cardona cuenta que en el 2012 cuando inició su administración encontró un Municipio con un grave problema fiscal: debía seis meses de pago a funcionarios de planta, contratistas y pensionados, y un déficit de unos $2 mil millones por otras demandas contra la Alcaldía. En la evaluación de Desempeño Fiscal, por el año 2011, Anserma ocupaba el puesto 27, el último del departamento.
“Esa situación insostenible llevó a pedirle al Concejo la posibilidad de entrar en Ley 550, bajamos los costos de administración, y con el grupo asesor jurídico y financiero consultamos con la Función Pública, que nos dio la viabilidad jurídica para que esos nombramientos provisionales se pudieran dar por terminados y así alivianar la carga económica. De hecho esos nombramientos provisionales se suprimieron y no se volvieron a proveer”.
“Me parece desafortunada la decisión de la justicia, por ser lesiva para el Municipio, pero uno tiene que respetar los fallos. Habría que demostrar la situación financiera tan grave, no tuvieron en cuenta nuestros argumentos. Como funcionario público tendré que responder por lo que haya que responder”.
Señala que las medidas tomadas sirvieron para recuperar las finanzas. En la última evaluación de Desempeño Fiscal que le correspondió, por lo actuado en el 2015, Anserma subió al puesto 8 departamental y regularizaron los pagos.
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