Carnaval de Riosucio, retrasado para patrimonio cultural

Laura Sánchez

LA PATRIA | MANIZALES

Todo indicaba que el Carnaval de Riosucio iba por el camino de ser declarado como Patrimonio Cultural y Artístico. Sin embargo, el proyecto fue objetado por la Nación al considerarlo inconstitucional, en diciembre del 2013.

Los congresistas Jairo Quintero Trujillo y Mauricio Lizcano (de la U) radicaron en octubre del 2012 un proyecto de ley que buscaba la declaratoria del certamen más importante de los riosuceños.

Con la iniciativa el Ministerio de Cultura, o la entidad que haga sus veces, debería contribuir al fomento, promoción, difusión, protección, conservación y financiación del Carnaval, autorizando al Gobierno Nacional efectuar asignaciones presupuestales por $400 millones.

Las razones de inconstitucional fueron presentadas en diciembre del 2013 por el Gobierno, y en abril de este año, el Congreso consideró inválidas las objeciones y recuerda su aprobación.

Debido a que la ley no atendió las disposiciones, esta será definida por la Corte Constitucional durante unos tres meses, así lo aseguró el senador Lizcano.

Las razones

Los motivos del Ejecutivo radican en que el proyecto pretende incluir forzosamente el dinero presupuestal, sin considerar que violan las normas constitucionales de legalidad del gasto.

Dice que sería una carga económica de inmediato cumplimiento, que incurría en cada que se realice el Carnaval. Hay que recordar que el festejo se cumple cada dos años en enero.

Además, sobre la declaratoria cultural expresan: " (...) ya fue promulgada como bien de interés cultural mediante la resolución número 11 del 2006 del Congreso de la República". Por lo cual quienes quieren iniciar un proceso de patrimonización deberán presentar una solicitud para ingresar a una lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Lizcano responde

El pasado 30 de abril, el Congreso resolvió darle la razón al senador Mauricio Lizcano. Afirma que al Congreso no le está vedado aprobar leyes que comporten gasto público, es decir, que es al Gobierno a quien le corresponde decidir si incluye o no en el proyecto de presupuesto el dinero correspondiente a la ley aprobada.

"El Congreso es la máxima autoridad para aprobar los gastos, si les parece bien o no, no es culpa de nosotros", expresó Lizcano.

Aclara que el objetivo de la ley es autorizar al Gobierno para incluir las partidas presupuestales necesarias para contribuir a la financiación del Carnaval de Riosucio.

Ante esta situación, el Congreso declara infundas las objeciones presidenciales e insiste en su aprobación.

No es nuevo

De acuerdo con una investigación de Mónica Pachón y María Paula Aroca, del Observatorio Congreso Visible, de la Universidad de los Andes, entre 1998 y marzo del 2014 el Ejecutivo ha objetado 118 de 358 proyectos de ley que llegaron a últimos debates y tenían un propósito local, como este relacionado con el Carnaval de Riosucio. Es decir, el 32,9% de este tipo de proyectos han sido objetados por los gobiernos de turno.

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