GEOVANNY MARTÍNEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Martha Castiblanco, Juan Andrés Sánchez Tangarife y Manuel Bedoya Zapata engrosan la sangrienta lista de las 218 víctimas de la barbarie que vive Colombia. Su asesinato es catalogado como una masacre por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz ( Indepaz) que en nueve meses contabiliza 55 matanzas en 17 departamentos del país.
El 22 de julio en la vereda Quiebra de Roque de Norcasia (Caldas) fueron ultimados la mujer y los dos hombres por cuatro individuos que se movilizaban en dos motos. Dos meses antes de que ocurriera la masacre, el 8 de mayo, la Defensoría del Pueblo lanzó la Alerta Temprana N° 0021-19, en la que advertía de la reorganización de estructuras armadas ilegales provenientes de la antigua Autodefenda Campesina del Magdalena Medio (ACMM) controlando la minería ilegal y los cultivos de coca en el oriente de Caldas, región que sufrió los embates del conflicto armado con la presencia de los frentes 47 y 9 de las Farc y el Ómar Isaza de la ACMM. La Unidad de Víctimas reporta 2 mil 375 homicidios hasta el 2012.
Carolina López, coordinadora del Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT) de la Universidad de Caldas, considera que lo que sucedió en Norcasia en límites con San Miguel (Antioquia) es muy preocupante porque ha sido una zona que fue controlada por la otrora ACMM. "No es casual que se vengan reconfigurando estas mismas estructuras armadas en los mismos territorios donde históricamente han tenido el control, tanto armado como social, político y económico y que finalmente terminen pasando este tipo de hechos como la masacre que ya se concretó en esa zona que fue de control territorial histórico de ellos y que obviamente hace prender las alarmas".
Una de las tres víctimas, Bedoya Zapata, apodado Krone, era exintegrante de la ACCM. No se desmovilizó y en el 2013 fue capturado por extorsión y pagó año y ocho meses de condena. A los ocho días de la matanza la Policía en conjunto con la Fiscalía realizó un operativo en esa zona en el que cuatro personas fueron detenidas, además se incautaron de dos retroexcavadoras e intervinieron 10 minas de extracción ilegal de oro.
"Es muy importante que se tenga en cuenta que toda fuente de economía ilícita se constituye en un motor de combustión del conflicto armado, llámese eso, minera ilegal, cultivos ilícitos, son fuentes de financiación de estos grupos que permiten su consolidación y practicas de terror y de violación de derechos humanos, que empiezan a tener lugar en nuestros territorios", agrega López.
Otra región que debió soportar el conflicto armado en Caldas fue el occidente, Riosucio y Supía, donde la Defensoría del Pueblo también lanzó el 20 de marzo una Alerta Temprana, la N° 013-2020, de inminencia, debido a que el resguardo Cañamomo Lomaprieta, ubicado entre ambos municipios, fue objeto, por segunda vez ese mes, de incendios, a trapiches de la comunidad, que en su mayoría deriva su sustento de la elaboración de panela.
También se indicó que en los lugares de las conflagraciones aparecieron letreros en paredes que anunciaban la presencia de un grupo armado ilegal, al parecer el Ejercito de Liberación Nacional (Eln).
Una líder social del occidente de Caldas denunció que aproximadamente hace un mes aparecieron panfletos anunciando "limpieza social" y la llegada de una estructura criminal. Ella lamenta, al igual que la Defensoría del Pueblo, la tozudez de la institucionalidad en reconocer las amenazas
La coordinadora del CEDAT considera que esa negación constituye riesgo, "la actitud negacionista que ha venido asumiendo históricamente la Gobernación, la Unidad de Derechos Humanos, muchas instituciones formales que lo que deberían hacer es asumir esas alertas" y añade que ya hubo un hecho que se concretó, y está en el listado de las masacres que ha documentando Indepaz, lo que deben hacer las autoridades es asumir una actitud diligente: "Cómo acompañamos, cómo escuchamos, cómo vamos y verificamos y cómo intervenimos a tiempo para que después no sea la misma omisión de las instituciones y del Estado la que orqueste un tendencia más grave y preocupante".
La autoridad
Jhon Jairo Castaño Flórez, secretario de Gobierno de Caldas, comenta que están alertas con la Policía y el Ejército para contener cualquier accionar delictivo que se presente en el departamento, según él, en relación con lo que ocurre en el país, no hay riesgos latentes, aunque reconoce que se tienen unas alertas tempranas proferidas por la Defensoría que a la postre expide unas recomendaciones a las que según el funcionario se les ha hecho seguimiento y valoración, de acuerdo con un plan de acción para mitigar cualquier riesgo que se presente en suelo caldense.
"En relación con el atentado múltiple en el que tres personas fallecieron es un caso aislado con respecto a lo que vive el el país con las masacres (…) es importante aclarar y mencionar que tenemos una zona limítrofe, porosa, donde básicamente hay un hermanamiento entre las autoridades de Caldas y Antioquia para coadyuvar y brindar seguridad en esa zona del oriente. Caldas es un departamento tranquilo muy diferente a otras latitudes del territorio nacional".
A Norcasia enviaron 20 hombres para reforzar la seguridad, incluyendo el Escuadrón Motorizado de Restitución de Tierras.
Las más recientes en Caldas
* 5 de abril de 2018. Vereda La Garrucha (Manizales).. Murieron Yony Esteban Echeverry Salazar, de 29 años; Édgar Ocampo Alarcón, de 71; Diego Quintana González y Nilson de Jesús Guevara, ambos de 56.
* 23 de noviembre del 2018. Dentro de una casa del resguardo indígena de San Lorenzo (Riosucio) asesinaron al docente César Augusto Díaz Tapasco y a sus padres Serafín y María Gabriela. Una mujer logró escapar.
* 20 de agosto de 2019. Kilómetro 41 (Manizales). Dídier Vargas, propietario del club nocturno Joy; y su hermano Óscar; Eliécer Bravo, portero del establecimiento y conocido como Bola Ocho; Juliana Arias Trejos, de 20 años, quien se preparaba para validar el bachillerato. Estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas Laura Vanessa Ramírez.
* 22 de julio. Dentro de una mina de la vereda Quiebra de Roque (Norcasia) mataron a Manuel Bedoya Zapata, Martha Castiblanco, suegra de Bedoya Zapata, y Juan Andrés Sánchez Tangarife.
Masacre
El Observatorio de Indepaz entiende por masacre como el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar.
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