Noticias de Manizales y Caldas,
Abril 26 2024
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Abril 26 2024
EQUIPO PÚBLICO
LA PATRIA | MANIZALES
Piii..., suena el pito del guarda de tránsito en La Dorada o en Supía ordenando el tránsito en horas pico, pero en 19 municipios de Caldas no se escucha nada porque no tienen con qué, ni quién haga esta tarea.
El campo les queda libre a los infractores y al desorden, a quienes parquean en cualquier parte aunque vean una señal de prohibido, a los que estacionan al pie de garajes en servicio señalizados, a los que no hacen pares aunque la señal es más grande que el vehículo, a los que conducen y hacen piruetas en motos y carros sin tener la conciencia de que pueden arrebatar una vida por su imprudencia.
Hasta ahí se diría que falta acción administrativa y poner orden con solo aplicar la ley, pero la otra cara del asunto es la impotencia en los municipios que ven suceder estas cosas en las calles sin poder actuar porque el presupuesto es tan exiguo que no tienen con qué contratar un policía o un guarda de tránsito que aplique las normas.
LA PATRIA habló con alcaldes o con secretarios encargados del tránsito en los 27 municipios de Caldas. La conclusión es que 19 están sin recursos para actuar, y que por lo menos 6 cuentan con guardas de tránsito. Manizales y Villamaría tienen convenio con la Policía, pero a pesar de eso el orden deseado no llega y hay quienes solo cumplen las normas si ven al policía o al guarda al pie por miedo a una multa.
* Participaron en la elaboración de este artículo: Martha Lucía Gómez, editora sección Público; Diana Lorena Gutiérrez, periodista sección Público; Julián García, corresponsal de Chinchiná; Jorge Iván Castaño, corresponsal de Neira; Óscar Yhony Restrepo, corresponsal de Pácora; Carlos Mario Ríos, corresponsal de Aguadas; Leonidas Guerrero, corresponsal de Riosucio; Jorge Eliécer Zapata, corresponsal de Supía; Adolfo Cortés, corresponsal de La Dorada; Henry Giraldo, corresponsal de Manzanares, y Albeiro Rudas, corresponsal de Anserma.
Comparte oficina de Tránsito con Pácora. Javier Alberto González, inspector de Tránsito, dice que el municipio en movilidad no está a las mil maravillas, pero por lo menos tienen dos guardas. Cada uno gana $1 millón 500 mil. En esta oficina se hacen todos los trámites de vehículos de ambos municipios.
Agrega que las infracciones más comunes son no portar documentos, ni tener revisión tecnicomecánica ni SOAT. Si hay un accidente, no hay alcohosensor, por lo que deben llevar a los implicados al hospital para tomarles una muestra clínica. La Plaza ya no da abasto con tanto vehículo. Los pobladores se quejan de la falta de parqueaderos ante el aumento del parque automotor, y a pesar de que tienen zonas azules, son insuficientes. La prueba es que se ve mucho vehículo mal estacionado. También falta cultura entre algunos conductores que hacen caso omiso a las señales.
El tránsito no encuentra orden. Las vías son estrechas y hay poca educación ciudadana. Así lo ven ansermeños que afirman que desde finales del 2018, cuando se venció el contrato con la Policía, el caos reina. La Plaza de Mercado y la carrera 4 son verdaderos nudos, pues no hay por dónde transitar.
El secretario de Tránsito, Rubiel Grajales, dice que la planta temporal de agentes de tránsito tiene $40 millones para este año, pero que no ha nombrado a dos agentes que contratarán como técnicos de seguridad vial. "Se hará por concurso de méritos”. Los accidentes los controlan con un perito de la Oficina de Tránsito y con Policía, y hacen campañas con estudiantes, sobre todo en zonas críticas como la escolar en el centro y carrera 5 entre calles 11 y 13.
El alcalde, Jorge William Ruiz, cuenta que reciben apoyo de la Policía. "Tenemos Oficina de Tránsito y un inspector. Cuando hay convenio vigente, la Policía nos manda dos agentes. Por el momento no lo hay, pero el inspector hace los comparendos. Por ahora el tránsito urbano y rural está controlado. Hacemos campañas para prevenir accidentes".
La responsable de la movilidad es la Secretaría de Gobierno. No manejan comparendos, y si algo sucede es la Policía o la Inspección de Policía la que actúa, explica el alcalde, Jahír de Jesús Álvarez. “Todo aquí es educativo. Tenemos 15 policías en el municipio y todos tienen potestad para hacer el control. Los fines de semana sí hay trancones porque hemos promovido mucho el turismo, pero la Policía nos ayuda a controlar la movilidad”.
La ley les permite hacer convenio con la Policía Nacional en su área de Tránsito, ya enviaron la documentación y esperan que Bogotá firme el convenio para dos agentes, indica el alcalde, Sergio López. “Pero también trabajamos en un convenio de asociación de municipios para disponer de guardas de tránsito de Manizales al servicio de Chinchiná. Esperamos que los jurídicos de ambos municipios den el visto bueno para firmar convenio. Costaría $1 millón 780 mil por guarda, más alimentación y más gasolina. Con la Policía estamos hablando de $2 millones 200 mil por policía”.
Por el momento, la Policía apoya el control en las calles, y los trámites de tránsito se hacen a través de los inspectores de Policía, que son los que levantan croquis y firman documentos como partes.
En las calles solicitan firmar los convenios cuanto antes para regular el tránsito. Afectados indican que los accidentes, en su mayoría, ocurren por imprudencia pues los conductores se parquean en todos lados y no respetan las señales.
El control lo hace la Policía de vigilancia (12 uniformados) sin ser autoridad de tránsito, hay inspectora de Policía y Tránsito que está en proceso de carrera administrativa. “El flujo vehicular no es tan alto porque somos un municipio pequeño y calmado. La Policía va al sitio de los siniestros, hace croquis y reporta a las autoridades. Pedimos refuerzos de la Policía Nacional cuando hay un evento especial, como fiestas”, explica el alcalde, Germán Zuluaga.
Según Diana Carolina Salazar, directora de Tránsito y Transporte, no tienen convenio habilitado con la Policía, y los 17 guardas de tránsito se encargan de hacer comparendos. “Las estrategias han conllevado a que disminuya el índice de accidentalidad y por eso no se requieren más miembros para el cuerpo operativo”. La situación más crítica en movilidad es por el centro comercial y alrededores de los bancos.
“La Policía nos colabora, y los comparendos de tránsito los hace el inspector de Policía. No es suficiente, pero no tenemos de dónde sacar para tener agentes y policías de tránsito, convenio que cuesta unos $60 millones al año. Hay un funcionario de la Secretaría de Gobierno capacitado para hacer croquis y levantamientos”, informa el alcalde, Carlos Quintero.
Trabaja en un convenio piloto con Chinchiná, en el que este último pagaría dos guardas de tránsito que aporta Manizales. “Tenemos el personal en seguridad vial, y con esta figura a los municipios se les rebaja el 50% del costo de un convenio”, afirma Carlos Alberto Gaviria, secretario de Tránsito. Por guarda cobran un salario promedio de $1 millón 800 mil al mes, que incluye prestaciones; es decir que dos guardas costarían al año $43 millones 200 mil, sin contar dotación.
Manizales se gasta, indica Gaviria, unos $1.500 millones anuales para pagar los 40 policías de tránsito, y los 34 guardas azules que dependen de la Alcaldía. “La Policía fija el valor de los convenios. Este tema lo han peleado los municipios en los congresos, se han hecho solicitudes a través de la Asociación, pero son políticas institucionales”, agrega Gaviria.
Este año, debido al costo, no han podido hacer convenio con la Policía para el control del tránsito, sostiene el alcalde, Carlos Enrique Botero. La meta es radicar un proyecto de acuerdo para crear una planta de personal y tener guardas. Jhon Henry Salazar, secretario General y de Gobierno, agrega que la Policía les informó que deben destinar $100 millones para el convenio, representados en un patrullero, un intendente y entregar una moto nueva, fuera de otra dotación. “No contamos con esos recursos, somos municipio de sexta categoría. Tenemos un organismo de tránsito y también debemos contratar funcionarios para esa área”.
Tienen movilidad caótica porque son paso obligado desde y hacia otros municipios, no manejan comparenderas para sancionar infractores. La Policía de planta (23 efectivos) los apoyan en la regulación. Prohibieron por decreto el parqueo y el descargue en las carreras 4 y 5, y establecieron horarios para el descargue, de 4:00 a.m. a 9:00 a.m.
En Manzanares se quejan de que las motos se parquean en las estrechas calles y forman trancones permanentes, especialmente en la carrera 4 entre calles 3 y 5, carrera 5 entre calles 6 y 7; estacionan vehículos frente a los garajes, perjudicando a los propietarios al momento de sacar los carros. Otros dicen que no nombran guardas porque comienzan a hacer partes y es un costo político para la Administración, y más en año electoral.
El alcalde, Julio Vargas, responde que los problemas de movilidad los atiende la inspectora de Tránsito y Minería, porque no tienen convenios con la Policía. Sin embargo, tratan de hacerlo y está en estudio. “Hay unas horas complejas y peligrosas, más que todo de mucha moto. A diario transitan unas dos mil motos de 6:30 a.m. a 7:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Se han presentado accidentes, por fortuna sin muertos, pero sí con lesionados”.
Plantean si en el convenio pueden incluir parqueaderos o patios en otro municipio, porque Marmato no tiene a dónde llevar los vehículos que inmovilizan.
Hace dos años tuvieron agente de tránsito, les fue bien, pero sale costoso, explica el alcalde, Luis Carlos Betancurt, pues es un contrato de unos $80 millones. Renovar el convenio es casi que imposible, lo ha tratado de hacer desde hace por lo menos un año y no ha podido. “En Marquetalia hay una sola calle por donde transita todo el mundo, la movilidad es difícil. Se hacen campañas pedagógicas y se ha ido avanzando, pero hacen falta los agentes”.
Jorge Iván Henao, auxiliar de Planeación Municipal, cuenta que a través de la Policía controlan la movilidad. Hacen retenes y operativos, pero allí casi no hay vehículos, solo llegan dos servicios de transporte urbano (desde Salamina y Manzanares). “No tenemos los problemas de movilidad de otros municipios, las vías permanecen solas y muy pocos pobladores tienen vehículo”.
No hay oficina de tránsito, pero existe un director operativo de Seguridad y Tránsito con facultades para atender accidentes e imponer comparendos. Según el alcalde, Marino Murillo, tuvieron agentes el 2017. "Estamos tratando de hacer un convenio con la Policía por $70 millones, para tener dos agentes hasta el 31 de diciembre".
Señala que el principal problema son los 130 motocarros que operan en la cabecera y atienden veredas donde no hay transporte. "Necesitamos un estudio de movilidad para determinar el número de motocarros que deben circular, pero cuesta $100 millones y solo tenemos $23 millones. No lograríamos un estudio muy completo, pero por lo menos uno que nos dé pautas para continuar hasta donde podamos".
No hay guardas, el control lo hace la Policía de vigilancia (12 uniformados), incluyendo comparendos que luego pasan a la Inspección. “El convenio con la Policía es muy costoso, además requiere contratar carros, grúa y tener un funcionario. El apoyo con la Policía nos ha funcionado para controlar el tránsito, pero también hemos sacado decretos para ordenarlo, como el de las motos, que solo pueden transitar hasta las 10:00 p.m. todos los días. Solo el que tenga una emergencia o los que salen a las fincas pueden hacerlo”, indica el alcalde, Wilmar Herrera.
La Alcaldía hizo un convenio interadministrativo con la Oficina de Tránsito de Aguadas, donde los pacoreños realizan trámites y pagos. Según el alcalde, Jorge William López, desde hace dos años cuentan con agente de tránsito permanente. Dice que manejar todo a través de Aguadas les ha ayudado en la movilidad y los operativos.
Lucas González, secretario de Tránsito, dice que no tienen convenio por falta de presupuesto. “No hemos contado con el dinero suficiente para celebrarlo. El mayor problema es la ocupación del espacio público por mal parqueo, pero se hacen controles con apoyo de la Policía".
El alcalde, Jesús Iván Ospina, recuerda que tuvieron convenio hasta el 2017. “Lo que hacemos para conservar el orden es campañas pedagógicas y con policía de vigilancia. Quisiéramos tener agentes, pero los convenios son complejos. Sin embargo, por ser un municipio pequeño no es caótico ni tenemos grandes inconvenientes”.
Allí le ponen nombre al problema: violencia vial. El subsecretario de Movilidad, César León Trejos, cuenta que hace 25 años dos agentes de tránsito se encargan de controlar y regular, pero son insuficientes para cerca de 62 mil habitantes, cuatro resguardos y dos centros poblados. Dice que en Bonafont y San Lorenzo se hacen dos controles al año. Que además un agente descansa un fin de semana, quedando uno solo de turno. "El problema es de Caldas. Es obligación del Estado proveer agentes de tránsito a los municipios, pues la violencia se trasladó a las vías. La accidentalidad en el departamento es porque los municipios adolecen de control. A los policías los están pensionando, pero no los remplazan, entonces cada vez son menos y no damos abasto". Agrega que las calles de Riosucio se convirtieron en una selva de hierro.
Para Laura Ríos, inspectora de Policía, solo pueden atender accidentes de tránsito con lesionados porque no tienen policías de tránsito. No realizan comparendos. En el 2017 tuvieron convenio con dos policías, que eran suficientes, pero no pudieron renovarlo por el costo -$70 millones-. El problema es que la calle principal de Risaralda es vía departamental y ha aumentado el flujo de vehículos por las obras de Pacífico Tres.
El alcalde, Luis Germán Noreña, cuenta que por ahora no hay convenio, pero que esperan contratar agentes este mes. La mayor dificultad es presupuestal, Dice que los convenios son costosos y que saldría más económico contratar agentes de tránsito.
La cabecera municipal es pequeña, dice la alcaldesa, Gloria Inés Ortiz, y con los tres guardas que tienen es suficiente en semana, porque además cuentan con el apoyo de la Policía para los fines de semana para temas de parqueo y orden.
La única autoridad de tránsito es el inspector de Policía, que hace control preventivo y atiende emergencias. Los convenios son muy costosos, asegura el alcalde, Norbei de Jesús Ospina, pues hace dos años valía $30 millones por un año y ahora hablan de $90 millones y dotar de equipos. “Es una cifra inalcanzable para un municipio como este. El servicio debería prestarlo la Policía y no lo debería cobrar. Estamos condenados a no tener policía de tránsito, aún cuando tenemos graves problemas de movilidad por las obras públicas que se ejecutan. Ya vemos vías acabadas en Asia y Las Margaritas, y muchos accidentes, especialmente de motos. El control es muy difícil, la gente hace lo que quiere porque sabe que no la multan”.
Hay inconformidad con el estado de las vías, la poca señalización vial, el mototaxismo exagerado, la falta de espacios para parquear y los insuficientes agentes de tránsito -2- para tantas vías. Kelly Ramírez, inspectora de Policía y Tránsito, dice que son unos 30 mil habitantes y que cuentan con un parque automotor grande. Tienen un convenio con una entidad de Medellín para los dos agentes, que les resulta difícil y costoso mantenerlo, y otro con Riosucio para los trámites administrativos, lo que complica el manejo. “No lo hacemos con la Policía porque los convenios son aún más costosos y tardan demasiado".
El alcalde, Juan Alberto Vargas, afirma que hace dos años no tienen convenio de tránsito. "Un intendente de la Policía nos colabora con la movilidad y suplimos las necesidades con el inspector de Transito. La Policía de carreteras hace rondas en las motos y está pendiente. Afortunadamente el municipio es tranquilo"
Tienen convenio interadministrativo con la Policía Nacional por $54 millones 700 mil, para que la Policía Metropolitana de Manizales asuma el control y la regulación con cuatro unidades, rige desde el año pasado y está a punto de vencerse. Adelantan trámites para suscribir uno nuevo por $120 millones. El alcalde, Juan Alejandro Holguín, asegura que nunca será suficiente porque trabajan siempre con precaridad. No tienen oficina de Tránsito ni guardas. La mayor dificultad es que solo hay una entrada y una salida y siempre hay trancón. Además no hay parqueaderos suficientes y la mayoría de conductores parquean sobre las vías principales.
Luis Esteban Ramírez, secretario de Gobierno y alcalde (e) hasta el 15 de junio, dice que cuentan con una inspección de Policía y Tránsito, adscrita a la Secretaría de Gobierno. "No tenemos convenio porque el valor sobrepasa la capacidad, es cercano a los $70 millones anuales. Hacemos es un control preventivo con gestores adscritos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Si hay accidentes, se hacen informes a través de la inspección de Policía. Tratamos de que los vehículos que se movilizan tengan lo legal: papeles al día, SOAT, tecnicomecánica”.
El subcomandante de la Policía Leonel Salgado, encargado de la Dirección de Tránsito y Transporte en Caldas, explica que para firmar un convenio los municipios deben tener grúas, parqueaderos, un vehículo para controles, como mínimo un alcohosensor, conos y vallas. Las tarifas dependen del número de unidades y el cargo del policía. Como mínimo deben ser dos agentes de transito. Por 12 meses son alrededor de $80 millones y el convenio se hace mínimo por 6 meses.
Según Angélica Johana Cruz, directora de Tránsito Departamental con sede en Villamaría, tener un policía de tránsito cuesta al año $35 millones, y en un convenio con la Policía los municipios deben poner el 65% del valor total. “En noviembre tuvimos un congreso de la Federación Nacional de Municipios en donde se expuso que es muy difícil asumir estos costos. El comandante de la Policía Nacional se comprometió a poner un policía en cada municipio, pero no lo han hecho”.
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