Un fallo controversial
Señor Director:
Acertado en grado sumo y pertinente para el debate, el editorial del viernes 20 de febrero en relación con el lamentable fallo de la Corte Constitucional sobre la adopción de menores por parte de parejas homosexuales, pues, como Usted atinadamente lo afirma, fue una decisión fruto de prejuicios y temores preconcebidos e infundados sobre pretensas consecuencias nocivas para los menores, ayunos de respaldo científico y, cómo no, más que nada mitos "anclados en el pasado" que definitivamente se deben superar.
Es un hecho incontrovertible, en cuanto la realidad social así lo demuestra, que en los países donde esa adopción ha sido permitida, los menores adoptados por gais no han sufrido ningún tipo de trauma ni nada de los males que sofisticamente alegan quienes se oponen a la misma. Desafortunadamente, la Corte Constitucional (esa mayoría que se impuso), se dejó ganar por las presiones de poderosos sectores de la sociedad (ya sabemos cuáles), y dieron un fallo amañado, contradictorio, conservador en extremo y evidentemente de espaldas a la realidad y a conceptos científicos que le fueron aportados por importantes universidades del país, por el ICBF y demás. ¿Cómo obviar la diversidad de tipos de familias que existen? ¿cómo negar la gran cantidad de niños que hay abandonados en el país y de que esa cifra crece sin cesar? Si las parejas homosexuales presuntamente no son confiables ni están capacitadas para adoptar menores, ¿cómo se obvian esa falta de confianza y capacidad cuando uno de ellos es padre biológico del menor? ¿cómo desaparece en tal caso el peligro que pregonan para el adoptado? Absurdo e insostenible.
Empero, se sabía de antemano que, una vez nombrado como conjuez José Roberto Herrera, la suerte estaba echada en contra de un fallo que pudo marcar un hito jurisprudencial en nuestro continente. Lo peor, como se dice en el editorial, tantos y tantos niños abandonados y despreciados por sus padres biológicos, necesitados de amor, atención, calor de hogar etcétera, ahora se ven privados de esa oportunidad por los prejuicios de una sociedad hipócrita y retrógrada como lo es la nuestra.
Por eso conturba el ánimo y solivianta el espíritu que los opositores a tal tipo de adopción, simple y llanamente para tratar de esconder esos amañados prejuicios y sus obtusas creencias religiosas, se escuden tras el cacareado interés superior del menor como lo hacen desde diferentes iglesias. Y, para peor, no podemos llamarnos a engaño sobre la posibilidad que sea el Congreso el escenario donde una tal posibilidad de adopción se consolide, pues, en primer lugar, ya hemos visto cómo de manera evidente y reiterada le ha sacado el cuerpo al asunto y, en segundo lugar, de tratarse allí y en serio el asunto, muy seguramente se impondrá ese talante retrógado y las presiones sociales a la cuales me he referido.
Queda para la discusión académica el punto que el destacado profesor Rodrigo Uprimny puso sobre el tapete en un magistral artículo suyo publicado en El Espectador del domingo 15 de febrero, a saber, la manera como las convicciones morales, los prejuicios religiosos y demás de los jueces encargados de fallar, al primar sobre la evidencia, afecta la coherencia de la jurisprudencia y, a través de una metáfora propuesta por Ronald Dworkin ("novela en cadena"), demuestra la afectación de la coherencia global del derecho con fallos fruto de esa enjuiciable combinación. En palabras del ilustre tratadista chileno Eduardo Novoa Monreal, que da título a una de sus importantes obras jurídicas, es "El derecho como obstáculo al cambio social".
Óscar Villada Martínez
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