Procuraduría investiga adjudicaciones de baldíos en Antioquia

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación tras encontrar presuntas irregularidades por parte del Incoder en Antioquia a la hora de adjudicar terrenos baldíos.

Entre las irregularidades detectadas en el 95 por ciento de los expedientes revisados, se encontraron adjudicaciones para casas de veraneo, locales comerciales y entrega de tierras que superan las extensiones permitidas y de beneficiarios con 8, 10, 13 o más propiedades urbanas y rurales. Para el Ministerio Público es extraño que el Incoder haya realizado adjudicaciones a ciudadanos que no son campesinos y para fines diferentes a los que la ley prevé por lo que el jefe del Ente de Control, Alejandro Ordóñez, ordenó investigar disciplinariamente a los funcionarios implicados.

Las presuntas irregularidades evidenciadas fueron conocidas a través de los recursos de reposición que interpuso la Procuraduría General de la Nación, y en reuniones sostenidas con funcionarios del nivel central del Incoder.

Actualmente reposan en la Procuraduría Agraria de Antioquia cerca de 1.000 expedientes con recursos desde el año 2008 que no se respondieron.

Ya hay denuncia ante la Fiscalía

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y la gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Miriam Villegas Villegas, informaron este lunes que instauraron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y las Fiscalías Seccionales de Antioquia por el robo de tierras en ese departamento, especialmente en los municipios urabeños de Turbo y Necoclí.

De acuerdo con los dos altos funcionarios, se abrieron entre 1.500 y 2.000 expedientes de titulación de baldíos, tramitados durante los años 2007 y 2011, que están en conocimiento y bajo custodia de la Procuraduría.

Los hallazgos encontrados por la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia evidencian la posible comisión de conductas criminales por parte de particulares y funcionarios adscritos a la Dirección Territorial de Antioquia del Incoder.

Puntualmente, de acuerdo con Villegas, entre los posibles involucrados en el robo de tierra en Antioquia se encuentran cuatro directores territoriales de la entidad en ese departamento, un coordinador técnico, cuatro funcionarios del nivel profesional y técnico y dos ex contratistas. Sus nombres no fueron revelados.

“Se trata de una nueva modalidad delictual que se ha venido estableciendo con la muy señalada y destacable colaboración y permanente cuidado de la Procuraduría y del Incoder, a través de la cual se hacían adjudicaciones irregulares de tierras baldías”, preciso Restrepo.

“Según la ley agraria, las tierras baldías o fiscales de la nación solamente se pueden adjudicar a campesinos sin tierra y pobres”, explicó el Ministro, y añadió que “las investigaciones se adelantan en Antioquia pero también se adelantan en otras regiones del país”.

“Pedimos celeridad en las investigaciones. Creemos que además de funcionarios, ex funcionarios y contratistas del Incoder, hay una red corrupta en la que participan particulares, intermediarios y notificadores, entre otros eslabones aún no detectados”, dijo, por su parte, Villegas Villegas.

El Incoder y la Procuraduría identificaron varias tipologías para el robo de estas tierras, entre ellas, la titulación ilegal de baldíos a personas con altos patrimonios o con múltiples propiedades, y titulaciones ilegales de extensiones de tierra que sobrepasan los límites máximos permitidos para las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), de acuerdo con la ley 160 de 1994.

También se detectaron sobornos por parte de funcionarios de la entidad a campesinos, y expedición de formularios y resoluciones acomodadas y modificadas. “En conclusión, titulación de baldíos a personas que nos son sujetas de reforma agraria”, reiteró Villegas.

Por su parte, Jhenifer Mojica, subgerente de tierras del Incoder, expresó en la denuncia presentada este lunes ante la Fiscalía que “se evidenció una flagrante inobservancia de la Ley Agraria al ser tomadas decisiones en total contravía de la norma”.

Añadió que “se debe hacer una intervención ante la totalidad de los expedientes mencionados, puesto que lo que se detectó no fueron casos aislados, sino conductas recurrentes y generalizadas”.

La gerente del Incoder también aseguró que en el interior de esa entidad se están adelantando las acciones pertinentes para esclarecer la situación al máximo posible. “Hemos tomado medidas preventivas, hemos cotejado información y también hemos nuestro equipo jurídico”, dijo.