Lucha contra la corrupción es construcción de paz

La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción presentó ante el Gobierno Nacional su tercer balance sobre la situación de la corrupción en las instituciones públicas colombianas, así como el avance que se ha logrado en la lucha contra este problema durante los primeros cuatro años de gobierno de Juan Manuel Santos.

Esta Comisión es una instancia creada por la ley 1474 de 2011, que constituye el Estatuto Anticorrupción, mediante la cual se pretende que la sociedad civil realice un seguimiento a los programas y acciones de las diferentes instituciones del Estado, con el fin de prevenir, controlar y sancionar la corrupción.

Este balance revela la necesidad de mejorar la vigilancia sobre el manejo y ejecución de recursos económicos públicos, así como de acabar con la impunidad de los funcionarios responsables del mal manejo de recursos y, en general, actos de corrupción en la función pública, con el objeto de que se logre mayor ejecución en los planes de gobierno.

En este sentido, se recomienda mejorar la coordinación entre el poder ejecutivo, el judicial y los órganos de control del Estado colombiano. Según Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia y secretaria técnica de la Comisión Ciudadana, "esto es indispensable para superar los altos niveles de desconfianza en la instituciones públicas por parte de la sociedad civil".

LA IMPORTANCIA DE ESTA LUCHA PARA LA PAZ

De acuerdo con el informe de la Comisión, la lucha contra la corrupción debe ser uno de los asuntos centrales de la agenda del gobierno de Juan Manuel Santos para los próximos cuatro años, "especialmente si la intención es alcanzar las metas trazadas en materias como la educación, la equidad y la paz estable y duradera".

Por eso, a pesar de que destaca los avances logrados entre 2010 y 2014, en cuanto a la generación de políticas públicas anticorrupción, "es necesario fortalecerlas y ponerlas en marcha para alcanzar resultados contundentes, especialmente en sectores como salud, educación, minería, agua potable y saneamiento básico".

El informe hace un especial énfasis en temas como la contratación pública y el manejo de las nóminas de los servidores públicos, "que son los ámbitos más propensos a la corrupción que se han registrado en los últimos años".

La Comisión resalta en el informe que no se podrá generar confianza en la ciudadanía, ni tampoco en los actores armados que eventualmente lleguen a desmovilizarse, si el Gobierno Nacional no hace muestras de estar en la lucha contra la corrupción, "lo cual podría llegar a frustrar la firma de un acuerdo de paz o el cumplimiento de lo que se acuerde".

PREVENIR LA CORRUPCIÓN EN LAS ELECCIONES LOCALES

Faltando poco más de un año para la elección de mandatarios y autoridades locales y regionales en el país, la Comisión plantea la necesidad al Gobierno Nacional "establecer un plan de acción orientado a minimizar los riesgos de corrupción en la financiación de las campañas durante el proceso electoral del próximo año".

Esto incluye lograr una regulación al 'lobby' de las diferentes campañas, para asegurar que este se realice en un contexto de máxima publicidad y transparencia. También se incluye la necesidad de fortalecer a los órganos de control en el nivel territorial, con el objeto de hacer más transparente el uso de recursos públicos y privados de los partidos y movimientos políticos, tanto para su funcionamiento interno como para las campañas.

El informe concluye haciendo también un llamado de atención al sector privado en la prevención y lucha contra la corrupción. La Comisión Ciudadana solicita a las empresas privadas ejercer esta lucha desde el interior de las mismas, mediante una autorregulación que evite que realicen contrataciones ilegales con instituciones y dineros del Estado, así como para que hagan un buen manejo del dinero público, cuando se les adjudique un contrato.