Enfermedad renal crónica, un problema de salud pública sin solución

 

 

De acuerdo con el último informe de la Cuenta de Alto Costo, hasta el 30 de junio de 2013 se reportaron 28.880 casos de enfermedad renal a nivel nacional, siendo los hombres los que más casos registran. 

La cifra es preocupante debido a que estos casos han ido aumentando con el pasar de los años y los pacientes que llegan a los centros de salud lo hacen en un estado casi terminal. 

La enfermedad renal crónica (ERC) es el daño renal progresivo presentado durante más de tres meses y reside en la alteración funcional del riñón, la enfermedad disminuye la capacidad de filtrado de sangre ocasionando la acumulación de sustancias y elevación de la creatinina plasmática. 

La ERC, además de ser de alto costo por su alto valor de los medicamentos para tratarla, es considerada un problema de salud pública y falta de equidad social, debido al insuficiente acceso de los pacientes a los servicios médicos especializados para diagnosticarla y tratarla. 

De acuerdo con la doctora Adriana Robayo, miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología, “la actual situación de la ERC, como problema de salud pública, hace que Colombia sea considerado como un país subdesarrollado, entre otras cosas, porque no brinda soluciones a esta problemática ni se adelantan campañas que garanticen calidad, bienestar y tratamiento para este tipo de enfermedades”. 

La experta afirma que hay un tratamiento desorbitado en la población que padece la enfermedad, ligado a la falta de campañas preventivas, educativas y disposición de recursos para cambiar la realidad. 

En la actualidad, cerca de 16 mil pacientes se encuentran en tratamiento hemodiálisis, terapia de sustitución renal, que tiene como finalidad suplir parcialmente la función de los riñones; y cerca de 7.000 en diálisis, cifras que corresponde al 79,58 por ciento en modalidad de tratamiento para la ERC, según datos del fondo Inter EPS Cuenta de Alto Costo. 

El diagnóstico y el tratamiento temprano de la ERC deben ir ligados a que se garanticen los derechos de los pacientes durante y después de los tratamientos, así como a que estos cumplan con los deberes que los obligan con su estado de salud; de esta manera se disminuye la mortalidad y se aumenta el índice de supervivencia.