En libertad involucrados en desfalco a unidad de restitución de tierras

Un juez de la República ordenó la libertad de 18 involucrados en un desfalco de más de mil millones de pesos de la unidad de restitución de tierras.

Los detenidos María del Carmen Agudelo Guataquirá, David Javier Ruiz Buitrago, Laura Jimena Camargo Yaya, Giselle Alfonso Albarracín, José Mauricio Cristancho González, Geraldine Ruiz Quintero, Wilson Fabián González Santana, Francisco Buitrago Vaca, Arcesio Buitrago Vaca, José William Ortiz García, Sergio Darío Cortes Lozada, Heidi Bibiana Cárdenas, Sneider Ovalle Fula, Freddy Augusto Urrego Amaya, Érika Paola Hernández Agudelo, Johan Edison Rangel Abril, Óscar Eduardo Contreras Rojas y Andrea Mendoza Restrepo, fueron señalados por la Fiscalía de violación de datos personales, hurto por medios informáticos o semejantes y transferencia no consentida de activos.

En este caso fueron afectados cerca de 60 empleados de la entidad, quienes no recibieron su salario porque sus cuentas bancarias fueron hackeadas, por medio de un software malicioso que traspaso del pago de la nómina del mes de mayo de 2013 de una institución bancaria a un sinnúmero de cuentas de personas que posteriormente retiraron los dineros.

Durante la audiencia pública, el ente acusador señaló que mediante la utilización del mismo software se giraron sumas entre los 11 millones y los 3 millones de pesos.

La investigación comenzó el 28 de mayo del 2013, cuando los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras exigieron el pago de su sueldo del mes de mayo, dado que se había cumplido la fecha y no se depositaban sus salarios y así se estableció el ilícito.

Sin embargo, los involucrados en el caso aseguraron que fueron engañados por los verdaderos cerebros del desfalco.

“Ellos me habían dicho que me habían mandado 1.800.000 y yo retiré por cajero 600.000 y el resto por ventanilla. Pero acá me vengo a enterar de que son 6 millones", dijo el hombre de 40 años, quien aseguró que entregó la tarjeta a su nombre.

En este caso la Fiscalía se abstuvo de pedir medida de aseguramiento en contra de los procesados.