En el último año fueron reparadas 200 víctimas residentes en el exterior

 Con el reto de reparar en medio del conflicto, el Gobierno Nacional ha reparado más de 353 mil víctimas en el país. Uno de los desafíos ha sido encontrar la mejor manera de hacerlo, cuando las víctimas se encuentran refugiadas en el exterior.

Para esto el Gobierno puso a disposición de los connacionales las condiciones para que aquellos colombianos víctimas del conflicto que residen en otros países, puedan acceder a un proceso de reparación, en el marco de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras.

Gracias a esto, entre 2013 y 2014 la Unidad para las Víctimas ha reparado por vía administrativa a 200 personas en el exterior con una inversión que asciende a los $999.599.795.

Asimismo, a la fecha han sido recibidas 771 declaraciones de víctimas residentes en 25 países entre los cuales España, Estados Unidos, Venezuela, Canadá, Costa Rica, Chile, Suecia y Ecuador. Desde esos países se han recibido mayor número de denuncias para ingresar al Registro Único de Víctimas.

En el proceso, las víctimas en el exterior tienen acceso a las medidas de reparación contempladas en la Ley que puedan ser entregadas fuera de territorio nacional, entre ellas, figuran la indemnización con depósitos en cuenta bancaria nacional o extranjera, la restitución de tierras o las medidas de satisfacción, entre otras.

POCA REPARACIÓN EN EL EXTERIOR

Aunque el registro de víctimas en otros países es aún incipiente, el número de víctimas reparadas parece muy inferior a la cantidad de colombianos que abandonaron el país a causa del conflicto armado.

Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, a 2012 se estima que 395.949 personas cruzaron la frontera en busca de protección internacional y de estas, 113.605 han obtenido reconocimiento especial como refugiados.

Aun así, para Baudilio Antonio Bolaño, desplazado que salió del país en 2007 y residente en Chile, “es excelente que Colombia piense, que a pesar de que estamos en el exterior, seguimos siendo sus hijos, es muy interesante, muy refrescante saber que el gobierno se está preocupando de nosotros".

Por su parte Zully Laverde, coordinadora del equipo de connacionales víctimas en el exterior, explica que “en muchos países no se ha hecho la difusión” por lo que la cantidad de declaraciones por país es tan baja.

Hay 110 consulados de Colombia en el mundo que atienden dichas solicitudes para que las víctimas inicien la ruta de reparación. A la fecha de las 771 solicitudes, han sido valoradas 580 y apenas 400 han sido incluidas al registro.

¿PUEDEN VOLVER AL PAÍS?

Aunque el retorno al país de origen es una de las opciones que tienen los connacionales, las medidas de reparación previstas por la Unidad cobijan tanto a quienes quieren retornar como a los que prefieren permanecer en el país que los acoge.

En el primer caso, existe una ruta de retorno donde, tras comprobar el estado de la víctima de desplazamiento forzado en el registro, se verifican los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad, como principios de obligatorio cumplimiento en el inicio del proceso.

En el segundo caso, las víctimas pueden acudir a un familiar que resida en su país o elegir al Estado colombiano como su representante en el proceso en el que, no solo podrán adquirir una reparación económica, sino el terreno del cual fueron desplazados y que podrá ser vendido por su propietario luego de dos años de haber sido entregado el predio.

A la fecha se han solicitado 71 procesos de retorno a Colombia, de los cuales la mayoría de casos provienen de Ecuador, Venezuela y España. La Unidad para las Víctimas ha acompañado 36 hogares retornados.

En coordinación con la Cancillería, se hace un acompañamiento hasta el lugar de destino de la víctima que retorna y se da un incentivo económico para que puedan instalarse en su lugar de recepción.

¿QUIÉNES ES VÍCTIMA?

Tanto en Colombia como en el exterior, el Gobierno reconoce a una víctima como aquella persona que haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario en medio del conflicto armado.