Bogotá. - Según una investigación de la Universidad del Rosario, la esterilización no consentida es un tipo de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos en las personas con discapacidad intelectual, y que es un tema que permanece aún silenciado en el país.
Según el informe de los Grupos de Investigación Clínica y de Ciencias de la Rehabilitación, esta práctica la solicitan las familias de estas personas por recomendación de algunos profesionales de la salud e instituciones de planificación familiar.
Además, contempla que la esterilización por lo general se practica sin garantizar el consentimiento informado; es decir, que los motivos, consecuencias y riesgos del procedimiento sean comprendidos y, por lo tanto, aceptados por esta población.
“Esta aparece como la solución impuesta más prevalente y como una práctica socialmente institucionalizada y aceptada, debido a que la solicitan la mayoría de las familias por recomendación de algunos profesionales de la salud, instituciones de planificación familiar y comités de ética”, dijo Inés Restrepo, coordinadora de la investigación.
Pero además se encontró que las principales razones para realizar este tipo de procedimientos, son el riesgo de abuso sexual y el embarazo no deseado. Dicha conclusión fue discutida por médicos, psicólogos, jueces de familia, abogados, miembros de comités de ética, y grupos de personas con discapacidad intelectual.
Sin embargo, a pesar de que el procedimiento sea realizado, “este no garantiza que el riesgo de abuso disminuya, y por el contrario, los abusadores se sienten más seguros para perpetuar sus acciones”, dijo Restrepo.
Así mismo se contempló la idea de que “es impactante que gran parte de las alternativas de planificación familiar temporales no les son ofertadas a las personas con discapacidad intelectual, ya que la vida sexual activa bajo condiciones de libre elección no se considera una opción para estas personas”.
Así que, en el mejor de los casos, lo que se tolera es que tengan una expresión afectiva “normada”, “des-erotizada” y “tierna”, siempre y cuando esta no involucre la genitalidad ni el tema reproductivo, advirtió la académica.
DISCAPACIDAD
De otro lado, el estudio resaltó que el panorama para las mujeres con discapacidad es el peor, ya que son quienes sufren de doble discriminación, tanto por género como por discapacidad.
“Estas mujeres son víctimas en mayor proporción de abuso sexual, maltrato, marginación, explotación, violencia, lesiones y abandono, estando así en mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual”, alertó la investigadora.
A esto se suma la falta de acceso a la educación y al trabajo, donde también presentan cifras mayores que los hombres con esta condición.
Se explicó además que estas personas son titulares de sus derechos sexuales y reproductivos, “en su mayoría cuestionan la capacidad que tienen para su goce y ejercicio pleno, argumentando su falta de habilidad para obrar, actuar o tomar decisiones asertivas, asumiendo riesgos y responsabilidades (autodeterminación)”.
Para la profesora Restrepo, esto significa que solo una pequeña parte de los participantes reconoce a estos seres humanos como sujetos de derecho, quienes al cumplir un rol social están en la posibilidad de descubrir y definir libremente su propia sexualidad, lejos de la “normalización” o de la “patologización”.
En la investigación se contempla que aunque los derechos de esta población siguen vigentes en el siglo XXI, plasmados por la ONU en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, “las prácticas sociales demuestran que no existe una aplicación real de los mismos”.
El estudio concluyó así que las personas con discapacidad intelectual con los apoyos necesarios, son las llamadas a ejercer el derecho de construir y expresar su sexualidad de acuerdo con sus expectativas y necesidades.
Sin embargo, dijo la experta, la sociedad es responsable de aprender y generar garantías en lo concerniente a la expresión de la sexualidad como manifestación de la diversidad humana.
Al mismo tiempo, recomienda fortalecer las familias de estos individuos como estructura y eje central del sistema de apoyo.
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